Del Acuerdo de Punto Final con el que se buscaba sanear las deudas del sector salud, el Gobierno apenas le ha girado $569.151 millones, correspondientes al régimen subsidiado, de los $1,5 billones estimados, según reveló el Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Salud.
Esto pese a que hace un año el Gobierno, con bombos y platillos, presentó en el hospital San Vicente de Paúl de Medellín dicho acuerdo, que fue calificado en ese momento como “un hito histórico para el sector”, según las palabras del presidente Iván Duque. “Además, les devuelve la esperanza a los trabajadores del sistema de salud”, agregó el primer mandatario ese día.
La iniciativa nació con el objetivo de pagar las deudas, especialmente relacionadas con las tecnologías y servicios que no estaban cubiertas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que básicamente son los recursos destinados para garantizar la salud de los pacientes. La meta inicial era destinar $1,5 billones del régimen subsidiado y otros $4,5 billones del contributivo.
Según el Acuerdo, las cuentas correspondientes al periodo entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre de 2019 deberían estar radicadas por los hospitales, como máximo, el 3 de julio pasado, pero no hay claridad del tiempo en el que se tendrían que pagar.
¿Qué ha pasado?
El Acuerdo está impulsado por el Plan Nacional de Desarrollo en sus artículos 237 y 238 y otras normativas que se han adelantado.
Inicialmente, los recursos provendrían de la liquidada EPS Caprecom, con $514 mil millones, y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) otros $172 mil millones, reconocidos a través de las glosas transversales en salud (facturas que habían sido rechazadas).
Jairo Humberto Restrepo, director del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, señaló que es un proceso que generó mucha expectativa en el sector salud, pero que apenas “vamos iniciando la carrera”, es decir, avanza a paso lento.
“De entrada, fue visto como un buen anuncio para generar liquidez, pero nos quedamos en el punto de partida de la carrera”, dice el analista, quien argumenta que esto tiene que ver quizás, con que “no estaban previstos los distintos procedimientos que dieran lugar al reconocimiento de las deudas”.
María Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, durante la rendición de cuentas del Ministerio, el 30 de junio pasado, manifestó que a la fecha se han pagado $569 mil millones, $248 mil millones con fuentes de los entes territoriales y otros $320 mil millones con cofinanciación de la nación (ver infografía).
Visión de los directores
El director del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre, hizo una analogía para explicar lo que pasa: “El niño ya va a cumplir un año y no camina”, cuestionando que el proceso ha sido lento para inyectar liquidez a los hospitales.
Por su parte, Marta Ramírez, directora de la IPS Universitaria de Antioquia, sostuvo que “ese Punto Final, por la lentitud del proceso, se está convirtiendo en puntos suspensivos”, aunque señaló que Antioquia es, quizás, el departamento al que mejor le ha ido con el Acuerdo, pues solo restan por girar alrededor de $150 mil millones. “La primera fase que correspondía a cuentas pendientes del subsidiado arrojó buen resultado”, indicó.
Al respecto, Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), aseguró que aún se requiere un esfuerzo mayor de parte de las entidades territoriales, ya que son las responsables de las deudas del régimen subsidiado.
“Muchas no tienen contratadas las auditorías para las cuentas de lo que no estaba incluido en la UPC”, agregó Zuluaga, al destacar que, sin ser alarmista, “el acuerdo para la red pública hospitalaria no ha avanzado”.
Claudia Bolívar, presidenta de Asociación de hospitales de La Guajira (Aesegua), dijo que a las dificultades para que avance la consolidación del acuerdo en su región, hay que sumar que el sector salud en este departamento estuvo intervenido, lo que complicó mucho más las labores.
“No se lograron avances en la consolidación de las deudas”, manifestó Bolívar, al destacar que se deben revisar experiencias exitosas como la de Antioquia o Atlántico que, aunque sufridas, avanzaron.
¿Cuál es el lío?
La dificultad pasa por las deudas que tienen que ver con el régimen contributivo, estimadas en $4,2 billones, pero de los cuales aún no se ha girado un solo peso.
La viceministra señaló que “se reglamentó la estructuración, operación y seguimiento para el saneamiento del contributivo en el Decreto 521 de 2020”, el cual, palabras más palabras menos, plantea que se deben radicar las cuentas de cobro ante la Adres, que es la entidad encargada de validar la información.
Los consultados plantearon que este proceso ha sido traumático, pues no da soluciones a las necesidades de los hospitales, abrumados por la pandemia, con los requerimientos de recursos para garantizar los pagos y la adquisición de insumos, por ejemplo.
Sobre esto, Restrepo agregó que en general, en las entidades se percibe lentitud y cierto letargo en la concreción de este asunto, que viene a complicarse mucho más con la situación actual, relacionada con la covid.
Destacó que “es fundamental destrabar el proceso y creo que el gobierno debería contratar recursos con universidades para que las auditorías y los procesos de conciliación puedan hacerse rápido”.
¿Qué se puede hacer?
El Gobierno ya impulsó medidas para que se destrabe el pago de deudas del régimen contributivo. La viceministra Godoy Casadiego señaló que se encuentra avanzando el proceso de radicación de cuentas de cobro de las EPS antes las Adres y se está validando la información. “Adicionalmente, el decreto Ley 800 de 2020 prevé la posibilidad de realizar pagos previos del 25 % de los valores de las cuentas radicadas”.
Pese a esto, los consultados plantearon que eso no es suficiente, pues esas transferencias aún no inician, ni siquiera con los anticipos planteados en el Decreto Ley.
“Hay una serie de dificultades para que las EPS se sienten a hacer conciliación de cuentas y obviamente el reconocimiento y pago de las mismas”, dijo Zuluaga, de Acesi, versión respaldada por Aguirre.
Sobre esto, el director del Pablo Tobón aseguró que “es importante advertir que este proceso solo será eficaz para los hospitales si los aseguradores (EPS) concilian esas deudas con los hospitales, pero este proceso no ha sido fácil, incluso muchos plantean negociar reducciones de la deuda, aprovechándose de la liquidez que necesita el sector hospitalario”.
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