Pasada la media noche de este jueves las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes conciliaron el articulado de la ley por medio de la cual la Justicia Especial para la Paz, JEP, tiene sus normas procedimentales o reglamento, con el cual tan pronto sea sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, podrá empezar a operar de lleno.

La ley, que se convirtió en un tire y afloje entre los gobiernos saliente y entrante, en la conciliación acogió el articulado aprobado precisamente el miércoles en el Senado, en donde se incorporaron dos cambios que son sustanciales, que la JEP no podrá interferir en las extradiciones a desmovilizados de las Farc, como también que se congela por 18 meses la presentación de miembros de la fuerza pública a esta justicia.

Al ser votada la conciliación en el Senado se aprobó a pupitrazo, mientras que en la Cámara se pidió votación nominal, la misma pedida por el representante del Polo Democrático, Aliro Uribe, quien manifestó que al acoger el articulado votado en el Senado se está violando la Constitución Política porque contraría los actos legislativos que crearon la JEP y uno más el que prohibe cambiar los acuerdos antes de 12 años.

Uribe aseguró que su partido demandará ante la Corte Constitucional la ley, porque cambia el sentido final de los acuerdos de paz.

En el mismo sentido se pronunció al término de la sesión el ministro Guillermo Rivera, quien dijo el gobierno demandará ante el tribunal constitucional los dos artículos en cuestión.

El trámite

La aprobación total del articulado se dio con el respaldo parcial que otorgó la bancada del Centro Democrático, el 90 % de los artículos, pero se apartó en los temas referentes a la extradición y la sala especial de juzgamiento para los militares.

Esa postura la defendió la senadora Paloma Valencia, quien insistió en que en primer lugar la JEP no podrá estar potestada a practicar pruebas a las solicitudes de extradición que algún gobierno, como los Estados Unidos por ejemplo, hagan de jefes del grupo desmovilizado de las Farc.

Según lo aprobado, la JEP sólo podrá verificar si los delitos fueron cometidos antes de la desmovilización o si fueron en fecha posterior, las decisiones de fondo sobre el envío eventual de algún desmovilizado, se ratifica, queda en la Corte Suprema.

El segundo tema que logró imponer el uribismo es lo referente al acceso de los militares a la JEP. Según la senadora Valencia, esa posibilidad se mantiene y para eso en el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas.

En concepto del senador uribista Alfredo Rangel, “lo que estamos haciendo es corregir en algo que se haya puesto a las fuerzas militares en el mismo saco que con los terroristas”.

Estas dos propuestas fueron acogidas por la mayoría requerida, la cual debido a los 28 impedimentos que se aprobaron y las cuatro sillas vacías que había en la corporación tenía un quórum más bajo, de 35 votos como mínimo.

El gobierno, por intermedio de los ministros del Interior y Justicia, y el ponente Roy Barreras no compartieron que hayan sido aprobadas las propuestas del uribismo, esto porque en su concepto son abiertamente inconstitucionales y se caerán en la revisión que haga el alto tribunal constitucional.

El ministro Guillermo Rivera aseguró que “nosotros habíamos dicho desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los miembros de la fuerza pública ante la JEP es contrario a la Constitución, la Corte tendrá que hacer una revisión y contrastar con lo que hizo el año pasado al pronunciarse sobre el acto legislativo que la creó”.

Pese al revés en esos asuntos, el ministro dijo que “queremos celebrar que la plenaria aprobó el proyecto de ley para que la JEP tenga unas normas de procedimiento y podrá funcionar con el pleno de sus competencias, las grandes ganadoras son las víctimas”.

El ponente Barreras señaló que “hoy hemos logrado ganar el último partido de la paz, nos metieron un par de goles ilegales, la extradición y la comparecencia de los militares, pero será el VAR, que es la Corte Constitucional, el que los va a corregir”.

Barreras, sin embargo, destacó que pese a la nueva realidad de las mayorías que ya actúan con el gobierno entrante de Iván Duque, se pudo votar 72 de los 74 artículos en mayoría.