La escena que alimentó versiones de abuso sexual en redes sociales afectó directamente la vida de tres hermanos de 4, 7 y 15 años que estaban a punto de ser adoptados por una familia estadounidense. Tras las valoraciones médicas, las entrevistas realizadas por las autoridades y los exámenes de Medicina Legal, el ICBF confirmó que no hubo violencia sexual contra los menores.
La conclusión llevó a que el ciudadano estadounidense señalado inicialmente recuperara su libertad, pero ¿qué pasará ahora con los niños?
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La directora del ICBF, Astrid Cáceres, explicó en entrevistas con Blu Radio y EL TIEMPO que el proceso de adopción no está cancelado, pero sí quedó suspendido mientras las autoridades revisan las consecuencias de lo ocurrido.
La familia adoptante y los tres hermanos se encontraban en una de las etapas finales del trámite. Después de varios años de evaluaciones, verificaciones de idoneidad y procesos administrativos, habían llegado a la fase de integración, el periodo previo a la declaratoria definitiva de adopción ante un juez de familia.
Durante esos siete días de integración, los niños conviven con los adoptantes de manera autónoma, aunque bajo seguimiento permanente de profesionales y de la institución autorizada para acompañar el proceso.
Según explicó Cáceres, los menores ya habían construido un vínculo con la pareja estadounidense. Incluso señaló que, para ese momento del proceso, los niños ya identificaban a los adoptantes como sus padres.
La situación cambió cuando una denuncia ciudadana generó la intervención de las autoridades y una cadena de reacciones en redes sociales que el día de ayer, domingo 15 de junio, convirtió el caso en tendencia nacional.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el ICBF, esto comenzó dentro del apartamento por una situación cotidiana entre hermanos. Una de las niñas dañó un juguete y el menor de siete años se alteró. Según los relatos recopilados por las autoridades, el padre adoptante decidió llevarlo al balcón para ayudarlo a respirar y tranquilizarse.
“Las entrevistas realizadas por el CTI, el hospital, los trabajadores sociales y el ICBF apuntan a que se trataba de una situación familiar”, explicó Cáceres a EL TIEMPO.
Sin embargo, la escena fue interpretada por algunos vecinos como un posible abuso sexual. La directora del ICBF relató en Blu Radio que parte de la tensión surgió porque el ciudadano estadounidense no entendía español ni comprendía los señalamientos que le hacían desde el exterior del edificio. Según explicó, la adolescente de 15 años, que ya se encontraba en proceso de integración con la familia, tuvo que traducirle a los adoptantes los gritos e insultos de las personas que estaban afuera.
“Es la niña la que tiene que terminar traduciéndole a ellos lo que está gritando la gente”, explicó la funcionaria. Según la directora, esa situación constituye hoy una de las principales preocupaciones para los equipos que acompañan a los menores.
La prioridad ya no es determinar si existió una agresión sexual, pues fue algo que fue descartado, sino evaluar el impacto emocional que produjo la interrupción de un proceso que llevaba varios años construyéndose. “La mayor afectación ha sido la ruptura del proceso que llevaba con el vínculo con la familia”, señaló Cáceres.
Por esa razón, psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia deberán establecer si las condiciones emocionales permiten retomar el trámite y cómo reconstruir la confianza afectada por lo ocurrido.
¿Dónde están los menores involucrados en el caso del estadounidense en Bogotá?
El ICBF confirmó que los niños permanecen actualmente en un servicio de protección de la entidad después de haber recibido atención médica en el Hospital Simón Bolívar y ser dados de alta.
La directora explicó que existe una manifestación inicial de interés para continuar con la adopción, aunque la decisión final dependerá tanto de la voluntad de la familia estadounidense como de las evaluaciones profesionales y del interés superior de los menores.
“El proceso de adopción estaba muy avanzado y ya se encontraba en su fase final. La familia puede retomar el trámite si así lo desea”, afirmó. Si el proceso se reactiva, se deberá retomar desde la integración antes de presentar el expediente ante un juez para la declaratoria definitiva de adopción.
Cáceres insistió en que “la exposición pública puede causar mucho daño”, y recordó que los niños tuvieron que someterse a entrevistas, exámenes médicos consecuencia de las acusaciones.
A pesar de eso, la directora también defendió la importancia de las alertas ciudadanas cuando existen sospechas sobre posibles vulneraciones, aunque advirtió sobre los riesgos de sacar conclusiones antes de que actúen las autoridades.
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