La Defensoría del Pueblo advirtió que 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar enfrentan un riesgo alto por la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), motivo por el cual emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para activar la respuesta del Estado colombiano.
La nueva alerta incorpora advertencias anteriores y consolida un análisis regional para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. En la presentación se describió un escenario con múltiples formas de control territorial ejercidas por ambos grupos armados ilegales, que se expresan de manera diferenciada según las zonas.
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En varios municipios se observa control hegemónico de las ACSN, especialmente en Ciénaga, Santa Marta y Dibulla; mientras que el EGC avanza en zonas como Puebloviejo, Algarrobo, Aracataca, así como en El Copey, Bosconia y sectores de Valledupar. En otros puntos del territorio la confrontación es abierta —como en áreas de San Juan del Cesary Fonseca—, y también existen lugares donde ambos grupos mantienen una coexistencia por conveniencia, en particular en sectores portuarios de Santa Marta.
La alerta identifica, además, corredores donde la presencia de estas estructuras es móvil, pero con potencial de convertirse en áreas estratégicas para su expansión.
El Sistema de Alertas Tempranas señala que estas dinámicas derivan en homicidios, secuestros, amenazas, exacciones y reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. También prácticas de violencia contra jóvenes, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y personas estigmatizadas, así como castigos filmados y difundidos para imponer normas de control social.
En zonas rurales se han registrado confinamientos, desplazamientos forzados y artefactos explosivos improvisados en rutas transitadas por pueblos indígenas, como a los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka; comunidades afrodescendientes; campesinos y pescadores; liderazgos comunales y personas defensoras de derechos humanos.
La disputa está conectada con economías ilícitas, minería ilegal, tráfico de armas y narcóticos, y con actividades legales como el turismo y la agricultura de alto valor que han sido objeto de exacciones.
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