El Tribunal Superior de Antioquia condenó este martes, en segunda instancia, a Santiago Uribe Vélez a 340 meses de prisión (aproximadamente 28 años y 4 meses) por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, en el que fue hallado culpable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
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Esta decisión revoca la absolución emitida en noviembre de 2024, cuando un juez del Circuito Especializado de Antioquia había exonerado a Santiago Uribe de esos delitos, argumentando la existencia de una “duda razonable”. La Fiscalía no estuvo de acuerdo con ese fallo y presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia.
El expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) para lamentar la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, se lee en un post del líder del Centro Democrático.
El alto tribunal ordenó lo siguiente: “Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y concierto para delinquir agravado”.
Y añade, ordenando un pago de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes: “En su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado artículo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”.
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El grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” surgió en los años 90 en el norte de Antioquia y fue señalado de cometer asesinatos y graves crímenes contra la humanidad. Por estos hechos, la justicia vincula a Santiago Uribe como presunto partícipe en su conformación.
Uno de los casos más relevantes fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera que cubría la ruta Yarumal–Campamento. Su muerte ocurrió el 25 de febrero de 1994 en esa misma vía. Según la Fiscalía, Barrientos hacía parte de la “lista negra” de personas que el grupo paramilitar había decidido eliminar, lo que lo convirtió en una de las víctimas clave dentro del proceso judicial.
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