Ocho municipios del Caquetá siguen esperando once puentes y dos obras de drenaje o box coulvert, acordados entre la Gobernación y el Grupo Empresarial Líbano S.A.S. a través del contrato 320 de 2018, suscrito por 8.194 millones de pesos. El puente más avanzado de todos, a 25 de junio, era el de El Doncello, con un 62 % de progreso, seguido por el de Morelia, con 34 %, y después el de Florencia, con 3 %. Y, sobre las obras de drenaje, el avance era de 62 % y 86 %. Por el contrario, los puentes de La Montañita, Milán, Puerto Rico, San Vicente y Albania ni siquiera se habían comenzado. El encargado de la construcción recibió un adelanto por 2.347 millones de pesos a través de Fiduciara Bogotá S.A., aunque en el pliego de condiciones esto no estaba previsto, dice la Contraloría, pero con un otrosí durante el plazo de ejecución modificaron la forma de pago. A pesar de la existencia de un contrato de interventoría entre Invías y el Consorcio DICO-INCOL, el ente de control considera que el trabajo fue insuficiente. De hecho, encontró que en julio del año pasado el Departamento Nacional de Planeación cesó los giros de regalías al proyecto, justamente por los incumplimientos detectados.
La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.
El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.
De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.
