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Algunos ciudadanos venezolanos que migraron a Colombia huyendo de la crisis humanitaria compleja que vive su nación han terminado inmersos en contextos de violencia que desde 2017 hasta abril de este año apagaron la vida de 1.300 personas provenientes del vecino país.
Según el Observatorio de Violencia de Medicina Legal, 2.061 venezolanos han fallecido en Colombia desde entonces, de los que 1.300 decesos fueron por estos escenarios: homicidios con arma blanca o de fuego, riñas o muertes violentas por otras causas. Los restantes 761 perecieron de forma natural o porque atentaron contra sus vidas.
En el territorio nacional viven 1,82 millones de venezolanos, según el censo de Migración Colombia con corte al 29 de febrero. Los que arriban al país buscando oportunidades tienen el riesgo de quedar en entornos adversos, especialmente en los departamentos ubicados en los más de 2.000 kilómetros de frontera.
En esa línea que compartimos con Venezuela las dinámicas de ilegalidad por la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el Eln agravan el escenario para estas personas. Los datos de Medicina Legal evidencian cómo en Arauca, La Guajira y Norte de Santander se han presentado más asesinatos que en otras zonas del país. A estos se les suma Bogotá, la capital (ver infografía).
Antes de hablar de la violencia relacionada con los ciudadanos migrantes, la directora del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, María Teresa Palacios, recuerda que estos viven en condiciones de desamparo, “lo que los hace más vulnerables a caer en redes criminales”.
“Desafortunadamente muchos de ellos terminan en la mendicidad por la falta de redes apoyo tanto nacionales como familiares. La violencia se puede presentar, precisamente, porque están en las calles”, asegura. Desde que cruzan el trazado imaginario que separa ambos territorios están expuestos a la criminalidad, por la presencia de los grupos que controlan estas zonas.
El gerente de Fronteras, Felipe Muñoz, apunta que los municipios de mayor preocupación respecto son Villa del Rosario, Maicao, Arauca y Cúcuta. En contraste, hay otros como Bello, Itagüí y Cali donde el entorno hacia esta población es más pacífico que en el resto del país.
Si bien esos 1.300 asesinatos que reseñó Medicina Legal evidencian que los migrantes son víctimas, también han sido victimarios. En 2019 el 6 % de las capturas que se efectuaron en Colombia fueron de ciudadanos del vecino país, especialmente por delitos como el hurto a establecimiento comercial o a personas.
Sin embargo, Muñoz destaca que “no hay una relación directa de que el aumento de la migración genere criminalidad. Además, 3,42% de los asesinados en el territorio nacional del año pasado fueron venezolanos”, afirma. Desde 2017 a la fecha han aumentado los actos contra los migrantes en contextos de xenofobia, una cuestión que puede empeorar en el escenario de la covid.
El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, alerta sobre el riesgo de que la llegada del pico de la pandemia en Venezuela lleve a que en la frontera aumente la hostilidad hacia estos. “La xenofobia, sumada al temor al contagio, podría abrir un nuevo periodo de escarmiento en el caso colombiano. Podría darse un discurso de temor por el incremento de la enfermedad”, afirma.
De suceder, podría repetirse la historia de las vidas venezolanas que ya se apagaron: morir en un país ajeno.