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Así es el plan de educación ante un posible posconflicto
EL COLOMBIANO revela el primer proyecto que estructuró el Gobierno para llegar a los lugares de conflicto. Zonas de ubicación tendrán bibliotecas.
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En las zonas rurales de 150 municipios colombianos se han concentrado las peores atrocidades del conflicto armado: reclutamiento de menores, extorsiones, asesinatos y despojo de tierras. “En esos lugares vive el 5 % de la población menor de 20 años del país. De allí se reclutan soldados, también guerrilleros, y paramilitares. Son muchachitos que desde los 12 años tienen como proyecto de vida uno solo: la guerra”. La cifra la entrega Óscar Sánchez, coordinador nacional de Educapaz.
Este llamado de atención lo conoce el Ministerio de Educación. A tan solo siete días de que el Gobierno y las Farc firmen el acuerdo de paz, el Ministerio ya tiene un borrador que detalla el “plan sectorial de educación para el posconflicto”, el cual fue conocido por EL COLOMBIANO.
En un documento de 27 páginas, el ministerio resume las estrategias que se implementarán en un eventual posconflicto. Desde programas para la educación inicial hasta universidades para la paz están en la agenda del Gobierno. En teoría, el plan sería ejecutado durante los próximos 15 años.
Hay dos programas que se deberán ejecutar con la mayor brevedad posible: el de alfabetización, que pretende alcanzar una cobertura de 20.000 beneficiarios con 22.000 millones de pesos y el de prevención de reclutamiento, que busca que los estudiantes permanezcan seguros en sus municipios y en el colegio.
Para el Mineducación no es suficiente el plan nacional de infraestructura educativa, el cual contempla la construcción de 30.000 aulas en 1.500 sedes educativas, con lo que se cubriría el 60 % del déficit de infraestructura actual.
Para disminuir la inequidad tiene planeado construir un “colegio rural 10” en cada zona campesina. Estos colegios, por ejemplo, estarán adaptados para brindar clases desde preescolar hasta grado 11. Tendrán “laboratorio de ciencias, de tecnología, comedor, cocina, zona administrativa, sala de maestros, baterías sanitarias, cancha y biblioteca”, espacios que difícilmente se encuentran hoy en las zonas veredales.
Teniendo en cuenta que en las zonas rurales dispersas algunos estudiantes deben emprender largos viajes a pie para llegar a la escuela, el ministerio abrirá la posibilidad de un “módulo de internado”, para que estudiantes y profesores permanezcan en el colegio. Todavía están por concretar los cinco municipios en donde serán construidos los primeros colegios.
El costo aproximado de esta infraestructura será de 75.000 millones de pesos. En una segunda fase serían construidos 60 colegios más, lo que cuesta aproximadamente 660. 000 millones de pesos. El primer plan piloto será ejecutado, según el documento, en Córdoba, Caquetá y Antioquia.
Aunque no precisa cuántos, el documento señala que se construirán nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que actualmente operan en más zonas urbanas que rurales. Antes de comenzar con las obras, la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio realizará un diagnóstico social, educativo, económico y productivo de las zonas rurales en donde serán construidos los colegios. El equipo será respaldado por expertos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
Toda la integración de las zonas rurales, el diagnóstico y la elaboración de un nuevo modelo pedagógico podrá costar 263 millones de pesos. Hay puntos desde los que el Gobierno comienza de cero, como dice el proyecto: “actualmente no se cuenta con un currículo en Educación inicial, así como no existen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para primera infancia”.
Teniendo en cuenta lo complicado que es conseguir profesores para las zonas rurales de difícil acceso, el programa establece una bonificación salarial un 15 % para docentes rurales. La idea es que los profesores permanezcan en las zonas rurales por lo menos durante tres años. Para lograrlo, el ministerio fortalecerá las escuelas normales superiores, que actualmente no tienen en cuenta los aspectos de la enseñanza en la ruralidad.
La calidad de los docentes es otro punto importante de esta iniciativa. En un principio, el Ministerio ejecutará un programa que se llamará “más práctica hace al maestro”, para acompañar el proceso pedagógico. También se entregarán créditos condonables para docentes de educación inicial, de tal manera que puedan realizar posgrados relacionados con el desarrollo integral de la niñez.
El tránsito de la educación media a la superior no será fácil en las zonas rurales. Un primer paso será crear un “fondo para la paz”, que administrará los recursos, con el Icetex, para “la permanencia y graduación de los excombatientes de la guerrilla de las Farc en el sistema educativo nacional”.
Este fondo, según el documento, financiará un programa académico de educación superior en niveles técnico, tecnológico y universitario. Por cada persona, se deberán invertir 93 millones de pesos.
Este punto seguramente generará polémica, pues en su totalidad, el costo de la educación de excombatientes puede ascender a 21.000 millones de pesos. “Para darle sostenibilidad al programa desde el Ministerio de Hacienda se deben asignar recursos anualmente para el programa”, dice el documento. En teoría, el Gobierno tendrá un “fondo para la ruralidad”, que garantizaría la asignación de recursos para estudiantes de educación inicial, media y superior.
Una duda que surge tiene que ver con la dificultad que tienen los estudiantes para trasladarse de la región a las universidades. Sobre este punto, el Gobierno ha venido socializando el programa “universidades de paz”, que consiste en que el estudiante comience su carrera académica en la región y lo culmine en la sede principal de la universidad. Por cada estudiante de las zonas rurales, el Ministerio invertiría 35 millones de pesos.
Bibliotecas en las zonas
El desarrollo del campo en Colombia no será posible si no se disminuyen los índices de pobreza. Actualmente, el 44,7 % de los campesinos son pobres, según cifras del Dane. En La Habana, el Gobierno y las Farc acordaron una política agraria integral para que por lo menos el 50 % de la población rural mejore sus condiciones de vida.
La distancia entre campo y ciudad se ha medido en términos de servicios (el 58 % de la población rural recibe agua no apta para el consumo humano, según el DNP), de educación (el 82 % de los habitantes registran bajos índices educativos), de salud ( mientras la tasa de mortalidad materna en las ciudades es de 45 por cada 10.000 habitantes, en las zonas rurales es de 100) y en desempleo (el 4,9% de los habitantes no trabaja).
Un tema que ha pasado desapercibido se remite a un factor elemental para mejorar la educación: los libros. En este aspecto también existe la inequidad. De 1.434 bibliotecas que hay en el país, 116 son rurales, lo que no representa si quiera el 10 %.
Consuelo Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, dijo en un foro de la Fiesta del Libro que el país “tiene una deuda con lo rural. No hemos llegado permanentemente. Un reto grande será la construcción de bibliotecas en las zonas de ubicación”.
Cada una de las 20 zonas de ubicación deberá tener, por lo menos, una biblioteca. Ese es el reto que se ha trazado el Gobierno Nacional. En el foro sobre lectura y ruralidad, organizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), se dieron a conocer estas y otras iniciativas.
En el foro, Gaitán presentó un proyecto que deberá ejecutarse a finales de octubre: cada biblioteca que llegará a las zonas de concentración serán construidas por el Gobierno y por la organización francesa Bibliotecas sin fronteras, que ha llevado libros a zonas inalcanzables en países como Camerún, Nigeria, Ruanda, Senegal, Madagascar, Haití, India y Siria.
A las zonas de ubicación podrán llegar bibliotecas compuestas por cuatro módulos que se pueden desplegar en menos de 20 minutos. Ocuparían un espacio entre 50 y 100 metros. Estas construcciones, según Bibliotecas sin fronteras, tienen la capacidad de almacenar entre 300 y 350 libros. Cada una contaría con un módulo informático, otro para auxiliares, un tercero audiovisual y por último uno administrativo.
Cada biblioteca viene con un sistema eléctrico propio y un sistema de Wi Fi. Por ahora, serían 20 las que se instalarían en el país. El proyecto, como lo explicó Gaitán, estará articulado a la red nacional de bibliotecas públicas, que cuenta con 1.250.
Para que los libros lleguen a las manos de excombatientes y de habitantes de las zonas rurales, el Gobierno tomará como ejemplo la experiencia de la Fundación Secretos para Contar, que ha llegado con libros a los 125 municipios de Antioquia y 4.500 veredas. En los últimos años ha entregado cerca de 5 millones de libros en zonas rurales.
Del programa de bibliotecas en zonas que eran de conflicto también se sabe que se ejecutaría el proyecto Territorios Narrados, el cual busca aumentar la publicación de libros en 65 lenguas indígenas. Así lo confirmó, Silvia Prada, Gerente del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación.
La coyuntura actual es el escenario perfecto para impulsar la lectura en las zonas rurales. Así lo considera Marianne Ponsford, directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). “Hemos generado espacios de encuentro entre los responsables de la política y los expertos que están en territorio trabajando. Cuando uno habla de educación es importante construir la agenda pública en común. Actualmente tenemos 38 proyectos con diferentes países para fortalecer la lectura y las políticas públicas”.
Desde las zonas
Que aterricen los proyectos, que lleguen los libros, que lleguen las bibliotecas. Esto es, en resumidas cuentas, lo que están pidiendo los habitantes de la vereda Llano Grande Chimiadó, en Dabeiba, donde llegarán los miembros del frente 5 de las Farc.
Luis David Úsuga, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda, cuenta que las pocas veces que han llegado libros, es porque un profesor de universidad se asoma por el lugar y hace una donación: “nunca hemos tenido bibliotecas ni computadores, ni nos han propuesto traerlas. Vea, yo tengo cinco hijos. A cuatro les tocó irse a Medellín para buscar estudio, porque en el colegio de acá ni hay biblioteca. Los muchachos, cuando se quedan acá, buscan trabajo en cultivos porque no hay más”.
60
colegios rurales deberán construirse para garantizar educación de calidad en zonas de conflicto.
30
mil aulas pretende entregar el Gobierno antes de 2018. Si lo logra, reducirían el déficit de infraestructura en un 60%.
82%
de los estudiantes del campo reciben educación de mala calidad, según un informe del Mineducación.
Reportero. Creo, como Rainer Werner Fassbinder , que “ lo que no podemos cambiar, debemos al menos describirlo”.
