Por la supuesta intromisión en el proceso penal contra su hijo Nicolás Petro Burgos, el gremio de los trabajadores judiciales expidió un comunicado rechazando las posiciones del presidente Gustavo Petro.
El documento, publicado este miércoles, lleva la firma de Diego Escobar, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines – Sindicato de Industria (Asonal Judicial S.I.).
“La Asociación rechaza la ‘intromisión’ por parte del Presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de nuestra compañera Lucy Laborde, Fiscal Tercera Especializada en la Dirección de Lavados de Activos, quien adelanta la investigación penal en contra de su hijo Nicolás Petro, al manifestar que ella está ‘subordinada al deseo político de Vicky Dávila y de la oposición política en nuestro país’”, indica el comunicado.
El sindicato hace referencia a un trino del jefe de Estado, en el que manifestó que “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.
Nicolás Petro, exdiputado de la Asamblea de Atlántico, está en etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento, relacionados con la supuesta captación ilegal de dineros durante la campaña presidencial del papá, en 2022.
Y en las próximas semanas será objeto de una nueva imputación, esta vez por el cargo de tráfico de influencias, en relación a la presunta gestión clandestina de cargos en el gabinete presidencial.
Su abogado Pedro Carranza, incluso, le mandó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiéndole que saque del caso a Laborde, al considerar que no actúa conforme a la ley.
“Asonal Judicial S.I. exhorta al mandatario nacional, para que desde su visión de demócrata y del respeto a la administración de justicia, se abstenga de realizar señalamientos públicos en contra de quienes imparten justicia bajo el imperio de la ley y de la constitución nacional.
Por lo pronto, y como quiera que dicho proceso se encuentra en el trámite de investigación penal o instrucción, cualquier intervención se debe hacer bajo los instrumentos y mecanismos del Código General del Proceso, por intermedio de sus apoderados judiciales”, concluye el texto del sindicato.
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