Se busca establecer si Augusto Rodríguez habría incurrido en una presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad a los miembros del Centro Democrático.
En medio del estupor que persiste tras el atentado que tiene entre la vida y la muerte al precandidato presidencial Miguel Uribe, este lunes la Procuraduría General anunció que abrió una investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Según el Ministerio Público, se evalúa si Rodríguez habría incurrido en una presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad a los miembros del Centro Democrático.
El ente señaló que desde 2023 el director de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo, le había solicitado a la UNP la revisión, fortalecimiento y garantía de los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de esa colectividad “sin que, al parecer, se hayan atendido dichos requerimientos”.
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“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si fue constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, dijo el organismo.
Además, la Procuraduría pidió a la UNP un detallado informe sobre el seguimiento y evaluación hechos a la petición y las acciones que adoptó para garantizar las medidas de seguridad requeridas al Centro Democrático.
Por otro lado, el abogado Víctor Mosquera informó que fue radicada una denuncia formal contra Augusto Rodríguez por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado que dejó al congresista gravemente herido.
El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.
No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.
Entre los hechos más preocupantes, Mosquera reveló que durante la Conferencia Bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que viajar solo con su equipo de campaña, ya que no se autorizó el desplazamiento de sus escoltas ni se le brindó seguridad en el lugar.
“Esto demuestra un estado absoluto de indefensión y por eso solicitamos a la Fiscalía General de la Nación abrir una nueva línea de investigación para determinar si hubo omisión por parte del Estado que contribuyó a este grave atentado”, concluyó.
La denuncia busca establecer responsabilidades penales y disciplinarias por la omisión en la atención de los requerimientos, en un contexto donde las amenazas contra líderes políticos y candidatos han ido en aumento de cara a las elecciones de 2026.
Vea, Las palabras que arman balas a propósito del atentado a Miguel Uribe:
