A pocas semanas de terminar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una inusual barrida de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional nunca antes vista.
Expertos consultados señalan que los normal es que al año sean llamados a calificar servicios entre 80 y 150 oficiales en esa Institución, pero en los últimos tres meses se completó una cifra que abarcaría tres años. ¿Por qué lo hacen al final del mandato?
EL COLOMBIANO tuvo acceso a 36 resoluciones del Ministerio de Defensa y el Ejército, expedidas entre el 16 de marzo y el 3 de julio de 2026, con las cuales se notificó el retiro del servicio activo de 326 militares. De esos, uno salió por haber cometido el delito de abandono del servicio; 21 por solicitud propia; y la gran mayoría, 304, fueron llamados a calificar servicios.
Esta última figura implica que les aplicaron una modalidad de retiro con potestad discrecional, en la que el Estado no tiene la obligación de justificar al detalle el motivo de la salida del uniformado.
Del total de retiros, 153 son oficiales, es decir, de nivel gerencial, con poder de mando y toma de decisiones.
En apenas tres meses, el Ejército se deshizo de 24 coroneles, que contaban con más de 30 años de experiencia; de 50 tenientes coroneles, 70 mayores, dos capitanes, dos tenientes y cinco subtenientes.
En esa lista de oficiales superiores están el coronel Héctor Cely Torres, quien entre otros cargos estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Marte en el sur de Bolívar; el coronel Donny Preciado Sierra, excomandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº4 (Fudra) en Cauca; el coronel Óscar Moreno Gómez, excomandante de la Fudra N°8 en Arauca; el coronel Fever Martínez Garzón, excomandante de la Fudra N°10 en Guaviare; y el coronel Wilson Velandia Serrano, excomandante de la Fudra N°7 en el Bajo Cauca.
Estos cinco coroneles, en particular, lideraron durante el presente gobierno importantes unidades militares en áreas críticas del conflicto armado, combatiendo al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Ninguno estuvo más de un año en el cargo.
También se fueron, entre otros, los coroneles José Ávila Ballén, excomandante de la Brigada 14 en el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio, y exdirector del Centro de Doctrina del Ejército; Eddy Cardona Restrepo, excomandante de la Primera Brigada en Boyacá; y Cristian Lesmes González, excomandante del Batallón de Infantería Mecanizado N°5 de la Segunda Brigada, en Barranquilla.
Entre los tenientes coroneles llamados a retiro se destacan Edward Murcia Villamil, que comandó el Batallón de Mantenimiento de Aviación N°1, en Bogotá; Yecid Rojas Guerrero, excomandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°2, en Barranquilla; y Angélica Guío Jaimes, quien fue asesora jurídica del Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOT), creado para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y atender los requerimientos de la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos.
En cuanto a los suboficiales, encargados de ejecutar las misiones operativas, logísticas y administrativas, en tres meses salieron 173 del servicio activo. La mayoría tenían el rango de sargento viceprimero (151), con capacidades de instrucción militar y mando de tropa en los territorios.
“La salida de este personal es problemática, muchos son los comandantes de los pelotones, y quienes aplican directamente las tácticas en el campo de batalla, son los que dan la pelea”, comentó uno de los oficiales entrevistados.
Los siguen los soldados profesionales (13), sargentos segundos (4), cabos primeros (4) y un cabo tercero.
De acuerdo con las resoluciones estudiadas, estos funcionarios estaban repartidos en batallones de Inteligencia, Infantería, Artillería, Caballería, Ingenieros, Aviación y Logística; y también asignados a tareas administrativas.
Las presuntas irregularidades
Enoc Salcedo Ruiz, subdirector de la firma DKS Soluciones Jurídicas, que representa a varios de los oficiales afectados, señaló que en las investigaciones adelantadas hasta el momento se han detectado presuntas irregularidades en los llamados a calificar servicios.
“Un patrón que observamos es que se llama al retiro al personal que dirige y participa en las operaciones contra los grupos armados ilegales. El Gobierno trata de enmascararlo en un discurso de lucha contra la corrupción en las Fuerzas Militares, pero es extraño que a las personas que salen no les abren un expediente penal o disciplinario por corrupción, ni tenían antecedentes, ni se despide a toda su cadena de mando, sino solo al oficial superior que tomaba las decisiones. No es una purga que ataque la cadena de corrupción”, indicó
El abogado enfatizó que “en la mayoría de los casos el Ministerio de Defensa aplica la facultad discrecional que le da la ley, porque con esa figura no está obligado a sustentar el motivo del retiro, pero cuando se desata un pleito jurídico y el oficial perjudicado exige las evidencias mediante tutela o derecho de petición, tampoco las tienen”.
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Más allá de los casos en los que sí hay causas legítimas para despedir a un funcionario o los relevos convencionales por la renovación de las jerarquías, las fuentes militares entrevistadas señalaron que el alto mando está implementando tres modus operandi para deshacerse de los servidores incómodos.
El primero es que los asignan a varios cargos por cortos periodos de tiempo, mandándolos de una ciudad a otra, con los perjuicios familiares que eso implica, antes de llamarlos a calificar servicios.
El segundo es que los asignan a unidades con sobrecupo de oficiales, donde queda evidente que no los necesitan; y el tercero es que les retrasan el ascenso, incluso por más de un año, buscando que pidan la baja por voluntad propia.
Sebastián Márquez de Tejada, quien también asesora jurídicamente a oficiales perjudicados, hizo énfasis en otra de las supuestas irregularidades. Explicó que al principio de cada año el Ministerio de Defensa debe expedir un Decreto Planta, en el cual se fija la cantidad de oficiales y suboficiales por grado que conformarán la planta de personal, manteniendo así el sistema de reemplazos y la correcta administración del régimen de carrera durante esa anualidad.
“Pero resulta que para 2026 el Gobierno se demoró más de la cuenta. Al mes de mayo no lo habían expedido, entonces los llamados a calificar servicio de febrero, marzo y abril se quedan sin ese sustento. Eso puede generarle demandas al Estado”, advirtió.
En uno de los procesos que investiga, la Dirección de Personal del Ejército le respondió un derecho de petición a su cliente en mayo, en el que consta que “es necesario indicar que el Decreto Planta del 2026 aún no ha sido expedido”. Esa respuesta, además, viene llena de espacios en negro, es decir, párrafos que tapan información importante, lo que cual levanta sospechas.
Márquez puntualizó que en las actas de la Junta Asesora, la instancia encargada de estudiar y darle el visto bueno a los retiros, se han detectado anormalidades, como falta de quorum, ausencia de firmas en las constancias y desfases en las fechas.
Una oficial con 21 años de servicio, retirada por la Institución en una tanda reciente, comentó que “he mandado tutelas y derechos de petición, y el Ejército no ha sabido explicarme por qué mi nombre apareció en los listados de la Junta Asesora. Están en una cacería de brujas”.
Otro oficial denunció que para deshacerse de algunos “mandos incómodos”, se maquina una conspiración en la que participan funcionarios del Comando de Contrainteligencia del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). “Ellos se encargan de liderar la purga y enviar las listas negras a la Junta Asesora. Crean expedientes con datos falsos y alteran videos de poligrafía con programas Inteligencia Artificial, para que parezca que una persona confesó algún delito; también hacen montajes en redes sociales para instalar narrativas negativas contra el oficial que quieren sacar”, recalcó.
La barrida de los ascendidos
Uno de los hechos más anómalos tiene que ver con los mayores que acababan de finalizar el Curso de Estado Mayor (CEM), el cual dura un año y es requisito para ascender al grado de teniente coronel, y aun así fueron llamados a calificar servicios, lo que podría configurar un posible detrimento patrimonial al Estado.
“A mí me llamaron a calificar servicios en 2025, cuando ya había terminado el curso. Fuimos ocho los que sacaron, todos del arma de Inteligencia Militar. Eso nunca había pasado, fue muy insólito porque el Gobierno invierte en promedio $150 millones por cada oficial en esos cursos, les paga la maestría, sueldo fijo, una pensión vitalicia de un millón de pesos y un viaje de comisión al exterior, que puede ser a Perú, México, Estados Unidos o Europa”, le contó a este diario uno de los afectados, quien solicitó reserva de identidad.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en que para pasar del grado de mayor al de teniente coronel, los aspirantes son sometidos a un escrutinio profundo, un estudio “360” en el que no solo se analiza su hoja de vida, sino las finanzas, las relaciones familiares y hasta las redes sociales.
“En ese grupo salieron personas que habían trabajado en la Operación Camaleón en Guaviare (2010), cuando se rescató a cuatro oficiales que llevaban más de 10 años secuestrados por las Farc; también estuvieron en la operación en la que murió alias ‘Guacho’, uno de los primeros comandantes de las disidencias en Nariño (2018)”, recordó.
“Yo estuve en operaciones que dieron de baja a 12 cabecillas de alto perfil del Clan Golfo y Farc, entre ellos el ‘Mono Jojoy’ (2010). Pero creo que a mí me cobraron un golpe que le di a las disidencias de ‘Calarcá’ cuando él todavía no era famoso. Ahí le matamos a la novia de ese momento y al mejor amigo”, dijo el mayor (r).
Se refiere a una operación ejecutada el 27 de septiembre de 2017 en Calamar, Guaviare, donde fue abatido Luis Lizcano Gualdrón (“Euclides Mora”), jefe del frente 7° del Estado Mayor Central. A los tres días murió alias Xiomara, la novia de ese momento de Alexánder Díaz (“Calarcá”), cuando este era el tercero al mando de la organización.
Ante la pregunta de si usted cree que ‘Calarcá’ solicitó que lo echaran, el oficial respondió: “Sí. ‘Calarcá’ y el ELN pidieron que rodaran cabezas de Inteligencia Militar”.
Al consultar al Ejército, la Institución se remitió a un comunicado expedido el 6 de mayo, cuando la prensa empezó a publicar los primeros despidos de esta última racha.
Allí dicen que “los procesos de retiro de oficiales, suboficiales y soldados profesionales no son arbitrarios ni repentinos. Se rigen por lo establecido en los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000 y normas vigentes. Se realizan bajo evaluaciones periódicas, comités rigurosos y etapas definidas que garantizan el debido proceso”.
Aun así, queda en el aire la duda de por qué tantos despidos al final del mandato. Una incógnita que ni siquiera les responden a los oficiales que trabajaron durante décadas y que ahora están en el limbo.
El extraño caso de la séptima división: 5 comandantes en 4 años
La Séptima División del Ejército, que opera en Antioquia, Córdoba y Sucre ha tenido cinco comandantes en el gobierno de Petro, siendo una de las estructuras militares con el mando más inestable.
El primero en salir de su jefatura fue el brigadier general Juvenal Díaz, a las dos semanas de la posesión presidencial. Fue un cambio lógico en su momento, en medio de la renovación de la cúpula militar que hace cada mandatario al inicio de su gobierno.
Luego llegó el brigadier general Óscar Murillo Díaz, hasta octubre de 2024, cuando no le concedieron el ascenso a mayor general y fue llamado a calificar servicios. Según una denuncia que él instauró en la Fiscalía, su cabeza rodó por una artimaña del ELN, que difundió información falsa de supuestos nexos de él con sus enemigos del Clan del Golfo. Aunque nunca ha sido imputado por el hecho, el rumor fue suficiente para acabarle la carrera. Murillo instauró una demanda contra el Estado.
El brigadier general Juan Carlos Fajardo le recibió en diciembre de 2023 y el Gobierno lo retiró un año más tarde, en medio de otra fuerte controversia: la detención de “Calarcá” y sus lugartenientes, que participaban en la política de “paz total” del Gobierno.
Ocurrió el 23 de julio de 2024, en un puesto de control militar en una vía de Santo Domingo, Antioquia, donde fue detenida para registro una caravana de camionetas de la UNP, que transportaba a 13 miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Entre ellos iban “Calarcá” y otros cabecillas, como “Firu” y “Ramiro”, quienes llevaban a un adolescente reclutado, armas sin salvoconducto, oro y dinero.
“Ese día estábamos en un consejo de seguridad y vi que el general Fajardo estaba inquieto. Le pregunté qué pasaba y me contó la situación, que lo estaban presionando desde Bogotá para que dejara ir a los disidentes. Ahí mismo mandé un camarógrafo de la Gobernación para que grabara lo que estaba pasando”, recordó el gobernador de Antioquia, Andrés Restrepo.
Fuentes militares le contaron a EL COLOMBIANO que de la Casa de Nariño ya tenían a Fajardo entre ceja y ceja por otro hecho ocurrido en mayo de ese mismo año. “El comandante del Ejército llamó a mi general Fajardo a decirle que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se quejó porque unos líderes sociales le dijeron que el Clan del Golfo estaba cometiendo atropellos en Ituango, y suministró la ubicación de una base ilegal de ese grupo”, indicó una de las fuentes.
Fajardo ordenó una operación ofensiva y cuando las tropas estaban ingresando al territorio, a la 1:00 a.m. y en plena lluvia, se produjo un combate. “Hubo dos bandidos muertos y dos capturados, y al otro día resultó que eran del frente 18 de las Farc, que estaba a órdenes de ‘Calarcá’. Esa gente estaba en una mesa de paz con el Gobierno y protestó. Ahí se dio la indisposición contra mi general. Lo de la caravana de la UNP fue el florero de Llorente”, contó el entrevistado.
Rendón dijo que “a los cuatro meses de ese asunto de ‘Calarcá’ despidieron al general Fajardo, solo por hacer bien su trabajo. Increíble”.
La mayoría de los implicados en la caravana recuperó la libertad, y hoy en día “Calarcá” es uno de los principales generadores de violencia.
Tras la salida de Fajardo, en noviembre de 2024 designaron al mayor general Fabio Caro Cancelado en la jefatura de la División, quien estuvo hasta enero de 2026, cuando lo reemplazó el general Eduardo Arias Rojas.
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