Caso del general (r) Santoyo por desaparición forzada pasa a la JEP

El general (r) Mauricio Santoyo cuando llegó deportado, en 2019, de Estados Unidos. FOTO COLPRENSA

La Jurisdicción Especial para la Paz se declaró competente para estudiar el caso del general (r) Mauricio Santoyo Velasco por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa el 6 de diciembre de 2001 en Medellín. Pulgarín y Quintero eran miembros de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

La JEP, entonces, dio un plazo de 10 días para que Santoyo presente el acta de sometimiento ante el tribunal especial. Además, añadió que, a pesar de decidir estudiar su caso, no le concedió los beneficios de libertad transitoria, no revocó la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía en 2019 ni le concedió el beneficio de libertad en unidad policial.

Adicionalmente, aunque la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó su competencia para investigar el caso de Santoyo, “le comunicó a la Fiscalía para que de manera complementaria y armónica finalice la investigación” que también lleva.

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En abril de 2019, Santoyo, quien fue jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez durante su primer periodo presidencial, fue deportado de Estados Unidos, donde purgó una pena de ocho años de prisión por vínculos con grupos paramilitares. Al llegar a Colombia, el 29 de ese mes, Santoyo fue detenido por las autoridades por su supuesta participación en la desaparición de Pulgarín y Quintero.

En octubre de ese año, la Fiscalía 56 Especializada contra Violaciones de los Derechos Humanos señaló que las actuaciones de Santoyo en el caso de los desaparecidos de Asfaddes “son de conocimiento exclusivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en razón de la naturaleza del asunto, esto es, por la directa relación de los delitos con el conflicto armado”.

Entre 1999 y 2001, Santoyo fue el comandante del Gaula de la Policía de Medellín, cargo en el que ordenó la interceptación ilegal de varias líneas telefónicas “en su calidad de comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones”.

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En la investigación que adelantó previamente la Fiscalía, se tuvo en cuenta testimonios de postulados a la ley de Justicia y Paz, quienes aseguraron que “para la época de dichas desapariciones, el general Santoyo prestaba colaboración con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con la interceptación de llamadas para posterior seguimiento y vigilancia de personas”.

En ese contexto se dio la desaparición de Pulgarín y Quintero -que estaban en la búsqueda de familiares suyos desaparecidos y que pertenecían a la Unión Patriótica (UP)-. De acuerdo con el ente investigador, las dos víctimas “fueron producto de una persecución sistemática por parte de las Auc, en asociación con agentes del Estado”.