Al Gobierno le quedan 24 horas para presentar un plan integral ante la comunidad wayúu de La Guajira y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), organismo que le otorgó medidas cautelares a la población indígena de esta región por las muertes que se han presentado por desnutrición (este año han fallecido siete menores).
El presidente Juan Manuel Santos, consciente de esta obligación, citó un consejo de ministros en la Casa de Nariño en la mañana de ayer. El plan para La Guajira quedará resumido en un documento Conpes que será elaborado con ayuda de la Gobernación de La Guajira. “Sabemos que falta mucho por hacer... ¡No se puede morir ni un solo niño por desnutrición ni en La Guajira, ni en ninguna parte del país!”, dijo el presidente al concluir la reunión.
Uno de los primeros proyectos que se comprometió a ejecutar el Gobierno es la construcción de un centro de acopio de alimentos en el municipio de Uribia. La gobernadora del departamento, Oneida Pinto, firmó un acuerdo con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, para cumplir con el cronograma del proyecto.
Otra obra que anunció Santos es la construcción de una carretera departamental “que facilite la conexión entre la región y el resto del país”. Actualmente, agregó, existen 222 proyectos para abastecer de agua a la región. Dentro de éstos están el arreglo de pozos, desalinizadores y jagüeyes. Según el Gobierno, ya fueron terminados 86 jagüeyes (también conocidos como ollas de agua), 119 están en ejecución y 17 en fase de diagnóstico.
El aporte de la Gobernación no está del todo solucionado, pues se declaró en quiebra y en calamidad pública por el fenómeno de El Niño, así lo señaló la gobernadora Oneida Pinto.
El Conpes deberá incluir más proyectos de los que se anunciaron para que el Gobierno pueda cumplir con la petición que hizo la Cidh, que consiste en “asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes”.
Carolina Sáchica, representante jurídica de la comunidad wayúu ante la Cidh, ha reiterado que el Estado debe garantizar el acceso al agua potable e identificar los casos de desnutrición de manera urgente. “Lo ideal es que los proyectos se concreten con la comunidad wayúu”, dijo. Llama la atención, sin embargo, que el Gobierno no invitara a los wayúu para hablar sobre la elaboración del documento Conpes.
Regístrate al newsletter