La Corte Suprema, en una sentencia de primera instancia, condenó a 23 años y 3 meses de prisión al senador Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos por el caso conocido como ‘Las Marionetas 2’.
La Sala Especial de Primera Instancia determinó que Ramírez lideró un “entramado criminal con vocación de permanencia”, cuyo objetivo era direccionar recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a través de la empresa Proyecta Quindío para beneficiar a la organización corrupta, que tenía el entonces senador Mario Castaño, condenado a 11 años y 8 meses por el caso y quien falleció en prisión el 18 de noviembre de 2023.
En su cuenta de X, el congresista Ciro Ramírez defendió su inocencia en el proceso: “Veintitrés años porque gestioné un convenio y, supuestamente, tuve un interés económico y político. Necesitaron cuatrocientas treinta y ocho páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo, ante la corte suprema. No tuvo interés económico, lo dice el testigo, y lo ratificó el magistrado de la corte suprema. No tuvo un interés político, lo dice el testigo”.
Agregó que su defensa apelará la decisión judicial “confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia en la sala instrucción, en la sala de primera instancia, y estoy seguro que revocaremos, y será absolutoria en la sala de casación penal de la Corte Suprema”.
El congresista se mostró confiado “plenamente” en lo que dijeron los testigos presentados en juicio: “que no tuve nada que ver, y que así lo demostraremos en el recurso de apelación que interpretemos en los próximos días. Muy respetuoso de la sala instrucción y de la sala de primera instancia, pero no compartimos esa sentencia, de veintitrés años”.
Los detalles del fallo
De acuerdo con el fallo contra Ramírez, conocido por EL COLOMBIANO, la investigación se cimentó sobre un robusto acervo probatorio compuesto primordialmente por chats de WhatsApp extraídos de los teléfonos de Alejandro Noreña Castro, exasesor de Castaño, y Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, los cuales permitieron establecer una secuencia cronológica de los hechos para direccionar los contratos.
Durante la semana de la firma del convenio (noviembre de 2021), los chats muestran un seguimiento detallado de la bolsa de proyectos.
El 10 de noviembre, Noreña informó directamente al congresista Ciro Ramírez sobre los cambios en los montos adjudicados a Proyecta. Se lee en el fallo que Noreña le escribió al senador: “Dígale mentiras a Pablo [Herrera]... que usted fue el que salvó Quindío”, refiriéndose a gestiones ante el DPS para mantener ciertos proyectos.
A las 4:32 a. m. del 12 de noviembre del 2021, Katherine Rivera, de la UTL de Ciro Ramírez y hoy también procesada en el caso, le preguntó a Noreña si ya había llegado el convenio firmado, confirmando que las gestiones se extendieron hasta esa hora para burlar la Ley de Garantías.
En enero de 2022, Noreña afirmó enfáticamente: “Los proyectos son de Ciro Alejandro” y explicó que los senadores son quienes deciden qué contratistas ejecutan las obras.
Este chat fue clave para que la Corte Suprema probara que la bolsa contractual se consideraba un activo personal del senador para pagar favores políticos.
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También fue clave la versión del contratista Anderson González González, que detalló la estructura de la organización y el pacto de beneficios electorales a cambio de recursos públicos.
Además, la investigación incluyó registros de ingreso al DPS que confirmaron reuniones entre los implicados, testimonios de su asistente Katherine Rivera, documentos de inspecciones judiciales a la empresa Proyecta, registros de visitas en la cárcel La Picota y evidencias fotográficas de eventos políticos que para la Corte son evidencias del cumplimiento de las promesas de apoyo proselitista en favor del senador del Centro Democrático.
La trayectoria política de Ciro Ramírez ha sido cuestionada por sus antecedentes familiares, ya que es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica.
En medio de estas polémicas, en mayo de 2025 el entonces concejal de Bogotá Daniel Briceño, hoy congresista electo, llegó a manifestar públicamente que Ramírez no debía regresar al Congreso y que incluso su permanencia o eventual retorno debía ser rechazado, señalando que debía enfrentar su proceso judicial por fuera de cualquier cargo público.
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¿Cómo se estructuró el entramado?
Para la Corte Suprema, esta estructura tuvo como propósito fundamental replicar el modelo delictivo del primer caso de ‘Las Marionetas’ (asociado al exsenador Mario Castaño) para captar recursos públicos.
Esta organización operó mediante la estructuración del Convenio Interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa territorial Proyecta Quindío, con el fin de direccionar al menos 13 contratos de obra e interventoría hacia contratistas previamente seleccionados.
A diferencia del esquema original, como se lee en el fallo de la Corte, centrado principalmente en dádivas económicas, ‘Marionetas 2’ se caracterizó por utilizar la contratación estatal como una herramienta para obtener réditos políticos, asegurando apoyos electorales y votos en departamentos como Caldas, Quindío y Santander para la reelección del senador en 2022.
En un club comenzó todo
El acuerdo comenzó a gestarse el 6 de julio de 2021 en una reunión en el Club Manizales, donde se pactó el apoyo político a cambio de beneficios en la contratación.
Para la Corte Suprema, el senador utilizó su cargo para servir de enlace entre el DPS (a través de Pierre García, ex subdirector del DPS hoy investigado también en el caso) y Proyecta (a través de Pablo César Herrera) para estructurar el Convenio Interadministrativo 670 de 2021, por un valor de $48.660 millones.
El esquema contaba con un nivel directivo, que para la Corte es el senador; un nivel operativo en la Unidad de Trabajo Legislativo de Ciro Ramírez (Katherine Rivera, exintegrante de ese equipo); un enlace técnico en el Gobierno (Pierre García); un ejecutor en la entidad territorial Proyecta Quindío (Pablo Herrera) y contratistas beneficiarios (Anderson González y la familia Cardozo).
La sentencia detalla cómo se desvirtuaron los principios de la función pública para favorecer intereses particulares.
Se utilizó a esta empresa por su naturaleza jurídica (Empresa Industrial y Comercial del Estado), lo que permitía realizar invitaciones privadas cerradas y evadir el Estatuto General de Contratación Pública.
La Corte halló un patrón sistemático donde solo un oferente cumplía los requisitos, mientras que los otros dos presentaban propuestas incompletas a propósito para garantizar la adjudicación previa.
La defensa de Ciro Ramírez ante la Corte Suprema
Aunque fue acusado como determinador, la Corte lo condenó como interviniente, reconociendo que, aunque no tenía competencia funcional para firmar contratos, ejerció un dominio material y decisivo sobre el proceso.
Un aspecto innovador de la sentencia es la configuración del cohecho a través de réditos políticos en lugar de dinero en efectivo. La Corte analizó el aumento exponencial de votos para el senador en 2022 respecto a 2018: 1.876 % en Quindío, 221 % en Santander y 200 % en Caldas.
Si bien la acusación mencionaba una supuesta dádiva de mil millones de pesos, la Sala determinó que no se probó con certeza la entrega del dinero.
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El exsenador intervino personalmente para solicitar su absolución ante la Corte Suprema. Afirmó que los hechos por los cuales se le acusaba “no ocurrieron” y que no tuvo participación en ellos
Aseguró que su única actuación relacionada con el caso fue presentar al gerente de Proyecta, Pablo Herrera, ante Pierre García en el DPS el 13 de octubre de 2021, y que después de esa fecha no volvió a comunicarse con ellos.
Sostuvo que no existen interceptaciones, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o testimonios directos que lo vinculen con actividades ilícitas o contractuales.
Afirmó que su gira por el Quindío en septiembre de 2021 fue organizada por Nicolás Castañeda (líder de juventudes del Centro Democrático) y no por Alejandro Noreña.
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Calificó la visita a Proyecta como una presentación “espontánea y breve” de no más de 15 minutos donde no se habló de contratos.
Citó un informe técnico que, según él, acredita que no registró ingresos al DPS ni a la oficina de Pierre García entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre de 2021.
El senador declaró que no conocía muchos de los municipios beneficiados por los contratos, que no hizo campaña en ellos y que no tenía aliados políticos en esas zonas.
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