Las cirugías plásticas y estéticas en clínicas de “garaje” siguen dejando víctimas mortales y nadie dice nada ni intenta ponerlos en cintura.
Esa es la conclusión a la que se llega luego de consultar a dos víctimas de este fenómeno, dos expertos cirujanos y la Defensoría del Pueblo, con quienes se habló para tener un panorama en el país. Por un lado está la ausencia de regulación: aunque se han presentado proyectos de ley en cuatro ocasiones en el Congreso, siempre se hundieron, y por el otro, las prácticas antiéticas de quienes, sin ser cirujanos, realizan estos procedimientos.
Casos mortales
Diana María Álvarez falleció en Medellín el 13 de diciembre de 2016, tras someterse a un “combo” de cirugías plásticas, que incluía liposucción, aumento de busto y cola.
La misma suerte corrieron Gloria Janeth Cuéllar de Cali, en agosto pasado, y Angie Carolina Mendoza, de Barranquilla, en diciembre de 2016.
Diana María fue una de las nueve personas que fallecieron en la capital de Antioquia el año pasado, y según reporta la Secretaría de Salud de la ciudad, este año van tres. Sin embargo, el dato oficial puede estar alejado de la realidad, porque estos casos no son reportados como asociados a este tipo de procedimientos, sino como infartos o embolias pulmonares.
En el país sucede lo mismo: no hay un dato exacto de cuántas personas acuden a realizarse cirugías de este tipo y mucho menos cuántas perdieron la vida o quedaron con secuelas.
El esposo de Diana María, Darío Chavarro, condenó lo que sucedió y criticó al Congreso de la República por la falta de voluntad para legislar ante este problema. Dichos procedimientos son realizados por personas no idóneas, en las conocidas “clínicas de garaje” o en lugares que no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad.
Por ejemplo, EL COLOMBIANO llamó a dos clínicas para hacer una “cotización” para una liposucción y un aumento de busto. Las personas que dieron la información de este “combo” indicaron que puede costar aproximadamente 9 millones de pesos, pero que hablando con los cirujanos se podría hacer una “rebajita” y dieron la opción de enviar fotos de la paciente por WhatsApp. “Así se podría hacer un diagnóstico inicial y luego cuadraríamos la cita para que la chica se acerque hasta la clínica”, indicó una de ellas.
“En Medellín y Cali proliferan las clínicas de garaje, pero eso parece que a nadie le importa porque pasan y pasan los casos y nadie controla. Es como si no les importara”, criticó Darío.
Aseguró que Diana María solo había pagado por la liposucción, pero en el procedimiento le realizaron el “combo”, en una cirugía que tardó más de cinco horas y que provocó que la grasa se acumulara en sus pulmones. “Fue un completo engaño”.
Según el Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos, las diferencias en los precios de procesos quirúrgicos entre una clínica legal y una de “garaje”, varían entre el 40 % y el 50 %, por lo que llamó la atención de quienes desean hacerse este tipo de procedimientos, para que estudien al cirujano o la entidad que los ofrece.
Todos operan
El problema que se tiene en Colombia frente a este fenómeno es la falta de regulación y control, lo que permite que cualquier médico pueda realizar una cirugía sin contar con el suficiente entrenamiento y experiencia.
Esta alerta la ha elevado en diferentes ocasiones la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Así lo plantea el secretario general de la Sociedad, Ernesto Barbosa. Asegura que el problema es serio y no es nuevo, solo que se pone en el debate cada vez que se conoce una nueva muerte por prácticas similares.
“Los únicos ejercicios médicos reglamentados son la radiología y la anestesiología, lo que significa que cualquier médico puede hacer lo que quiera”, indicó Barbosa.
Lo mismo piensa el senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, quien ha liderado este proyecto desde hace dos años y ha visto como, por falta de voluntad política, se ha hundido en el Congreso.
“Son casos aberrantes cuando alguien, sin ser médico, realiza un procedimiento de este tipo” y cuestiona que esto no amerite el interés de los congresistas, que han permitido que se hunda este proyecto desde hace seis años.
Ospina resalta que son múltiples los riesgos a los que están expuestos los pacientes cuando deciden pasar por un quirófano, para que el país no cuente con una legislación vigente en ese sentido.
Lorena Beltrán, quien también fue víctima, tiene una visión similar sobre este fenómeno, luego de que tras una reducción de busto perdiera la sensibilidad de sus senos, por lo cual inició una lucha para exigir cirugías seguras.
En el quirófano
El sindicato de cirujanos resalta que al practicar una cirugía deben estar por lo menos cuatro profesionales en la sala, los seguros para estos casos van desde 60.000 pesos hasta 1.750.000. Estas tarifas sirven de advertencia para que los pacientes tengan información que les ayude a tomar la decisión.
También explicó que el número de profesionales en el quirófano es mínimo cuatro: un anestesiólogo, un cirujano, un instrumentador y un circulante. “Esto para los casos en que son cirugías que no duran más de una hora, porque cuando las cirugías son más largas, debe haber un ayudante quirúrgico en sala”, agregó el sindicato.
Por otra parte, un informe publicado por la Defensoría del Pueblo en 2016, deja ver que se registraron 25 casos de víctimas no fatales asociadas a intervenciones estéticas, entre enero de 2012 y junio 30 de 2015, de los cuales el 92 % fueron mujeres y el 8 % hombres.
La principal intervención que generó algún tipo de afectación a la salud de las víctimas fue la lipoinyección glútea, con 32 %; la mamoplastia, con 20 %; y la liposucción, con 12 %.
En este informe, le recomendó al Congreso fortalecer el sistema de salud mediante la reglamentación.
Cursos exprés
El fenómeno de los cursos exprés que se hacen en países como Brasil, Argentina o Perú y la convalidación de estos títulos en Colombia es otro de los problemas que se tienen en este panorama.
De acuerdo con los consultados, al Ministerio de Educación le faltan “dientes” para actuar y no convalidar títulos fraudulentos. “Alertamos al Ministerio de Educación de que algo estaba ocurriendo cuando empezaron a llegar doctores con diplomas, sin entrenamientos adecuados, pero hay casos que el Gobierno validó sin el entrenamiento necesario”, aseguró Barbosa. Agregó que aunque los casos siguen presentándose en Colombia no notan avances en el control.
Cabe recordar que la Fiscalía, por hechos como estos, capturó a la exfuncionaria del Ministerio de Educación Leonor Herreño, tras encontrar que la mujer firmó convalidaciones de títulos profesionales a, por lo menos, 44 falsos médicos cirujanos en Colombia.
Además, en un agosto pasado, el ente acusador capturó a Carlos Gutiérrez Cure, por presuntamente realizar intervenciones estéticas con títulos falsos. “Se acreditaba como médico especializado en cirugía plástica y estética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú; entidad que mediante certificación no reconoce al supuesto profesional como egresado”, reveló la Fiscalía.
Al respecto, aunque este diario le envió un cuestionario al Ministerio de Educación, al cierre de esa edición no respondió qué acciones habían tomado para bloquear convalidaciones irregulares.
Sin embargo, citó a una rueda de prensa para este lunes, a las 10:00 a.m. en Bogotá, para explicar “el nuevo modelo de convalidaciones de educación superior”, sistema que buscar validar programas académicos cursados en el exterior.
Para tener en cuenta
Este proyecto de ley, que vuelve a estar en la agenda legislativa, busca “reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia; y establecer otras disposiciones relacionadas con los procedimientos, insumos y medicamentos aplicados a los pacientes, sus registros, y responsabilidad de quienes practican la medicina”.
De acuerdo con las víctimas consultadas, el panorama de las cirugías plásticas y estéticas en Colombia se resume en tres factores.
Aquí se destaca la falta del control del Estado, la nula legislación en el Congreso, que revive el proyecto cada que pasa un escándalo, y la falta de prevención de los pacientes, quienes se dejan seducir, en muchos casos, por tarifas económicas en los procedimientos, sin considerar los riesgos que esto implica para su vida e integridad.
“Muchas mujeres se dejan inyectar por su peluquero, en sitios prohibidos y hasta en las casas de ellas. Debe haber más conciencia a la hora de tomar una decisión”, sostiene Lorena, quien pese a que tuvo precauciones con quien la operó, no fueron suficientes y fue víctima de este flagelo.
Los ministerios de Salud y Educación, que actualmente impulsan el proyecto de ley, han dicho que estas intervenciones deben ser consideras como un tema de salud pública y apunta hacia la reducción del riesgo.
El proyecto fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero aún le faltan otros tres debates: uno más en plenaria de Cámara y dos en Senado, lo que no permite ver un panorama positivo de cara a su aprobación.
Aunque está en la agenda del próximo martes, no hay confianza en que se discuta, porque la marcha está puesta para sacar adelante los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, la regulación a las cirugías plásticas quedaría en veremos, otra vez.
16
personas fallecieron en Barranquilla este año por procedimientos estéticos.
3
muertes se han registrado este año en Medellín, según la Secretaría de Salud.
maría isabel cadena
Pre sidenta del Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos.
