El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 575 millones pesos por haber privado injustamente de su libertad a un comerciante que fue capturado en una operación policial que buscaba desmantelar a un grupo narcotraficante al que la DEA le seguía los pasos desde 1999.
Este hombre fue una de las 14 personas capturadas por la Policía en la llamada “Operación Nevado”, que permitió el desmantelamiento de una banda que enviaba cocaína a los Estados Unidos y que tenía enlaces en Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia) y Bogotá, gracias a la información suministrada por la DEA.
El comerciante permaneció detenido entre los años 2001 y 2002, luego de que las autoridades interceptaran una conversación telefónica que este mantuvo con una de las personas aparentemente implicadas en estas operaciones de tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos.
Varios meses después de que hubiera sido recluido en la cárcel, la Fiscalía precluyó la investigación y lo dejó en libertad, archivando el caso a su favor, al concluir que los diálogos entre estas dos personas no probaban en modo alguno la relación del comerciante con las actividades ilícitas cometidas en territorio norteamericano y por las cuales su interlocutor también estaba siendo investigado.
Tras haber salido de prisión, este ciudadano interpuso una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y ahora el Consejo de Estado, como órgano de cierre, accedieron a sus pretensiones y ordenaron a la Nación, Rama Judicial indemnizar al demandante y a sus familiares.
“Dado que el contacto social e incluso negocial (en materia lícita) con delincuentes no es en sí mismo contrario al orden social y a la buena fe, nada se puede concluir sobre la mala fe del señor Piraquive”, dice la providencia proyectada por la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo.
