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Comisionado Danilo Rueda trata de recomponer las piezas rotas de la “paz total”
Su despacho busca el respaldo de las organizaciones civiles y retomar los contactos en las cárceles.
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Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, adelanta conversaciones con guerrillas, disidencias, carteles y bandas. FOTO colprensa
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) está en un periplo por varias cárceles del país, conversando con cabecillas de grupos delincuenciales para tratar de recomponer el jarrón de la “paz total”, fracturado por los escándalos de sobornos, conspiraciones y ofertas a narcos por debajo de la mesa.
Delegados de la Oacp, en compañía de algunos defensores de DD.HH. y congresistas del Pacto Histórico, han visitado en las últimas dos semanas las cárceles de Tramacúa (Valledupar), La Paz (Itagüí) y Cómbita (Boyacá), desarrollando actividades con los internos, sondeando su nivel de compromiso con el proyecto y escuchando sus quejas.
Son tres los aspectos que busca recuperar el alto Comisionado, Danilo Rueda, para enderezar el camino de la “paz total”: el interés de los grupos armados en conversar con el Gobierno, el respaldo de las organizaciones de DD.HH. y la credibilidad en su gestión.
Fuentes cercanas al proceso le explicaron a este diario que hay un descontento generalizado entre los grupos armados de origen no político frente al proyecto de ley para la sujeción de las bandas a la justicia, presentado por el Gobierno al Congreso.
La desazón radica en que los integrantes de estas estructuras armadas consideran que la Oacp y el Ministerio de Justicia no tuvieron en cuenta sus sugerencias sobre la norma que reglamentaría su dejación de las armas.
El asesor jurídico del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, señaló el 9 de marzo, en entrevistas con varios medios, que “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan) no les gusta en lo absoluto los términos jurídicos de esa disposición, y yo como abogado veo que si se quiere una paz total, ese no va a ser el marco jurídico para ello”.
El mismo día se conoció un comunicado del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, dirigido a la Presidencia, en el que cuestionó el papel del comisionado Rueda, y advirtió que para que funcionara la “paz total” había que reconocer el estatus político del Clan del Golfo, situación que no está contemplada en el proyecto de ley.
“Porque si hay disidencias en el lado de la insurgencia, también hay disidencias por el lado de las Autodefensas, y todas ellas comparten como mínimo dos elementos. Uno, que tienen control territorial y suplantan al Estado en muchos lugares del país, es decir, son un actor político en esas regiones. Dos, que son el resultado de acuerdos incumplidos y falta de garantías”, afirmó, y recalcó que Rueda es un servidor público “ensimismado” que solo oye “las voces de los asesores de las Farc”.
En similar sentido se había pronunciado el pasado 9 de febrero el abogado Michel Pineda, asesor de la Mesa de Paz Total de la cárcel de Cómbita, en una entrevista con EL COLOMBIANO, al indicar que Rueda conversaba con unos actores armados “favoritos” y relegaba a otros.
“La paz se debe hacer incorporando a todas las personas, debe ser como una iglesia de puertas abiertas que recibe a todos. Cuando usted comienza a excluir a algunos, esos excluidos no se van a sentir con la posibilidad de construir esa paz”, acotó.
Y el 28 de febrero, durante una sesión virtual en el Congreso con John González, el representante a la Cámara que ocupa una de las 16 curules de paz, Pineda ratificó que para que funcione la paz total se requiere incluir a los exmiembros de las AUC, otorgándoles un estatus político y juzgándolos bajo los preceptos del delito de sedición.
Todas estas quejas volvieron a escucharlas los delegados de Rueda durante su “tour” carcelario y los diálogos con las bandas.
Buscando respaldo
Para recuperar su credibilidad, Rueda tuvo que alejarse de Juan Fernando Petro, el hermano del Jefe de Estado, quien está siendo investigado por la Fiscalía porque, supuestamente, se estaría lucrando de la “paz total”, cobrando dineros a narcos y miembros de bandas para nombrarlos gestores de paz y evitar su extradición.
Juan Fernando Petro estaría adelantando estas gestiones, al parecer, sin autorización de la Oacp.
Para desmarcarse de este movimiento, la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en la que Rueda se conoció con el susodicho, expidió un comunicado el 6 de marzo: “Juan Fernando Petro y Pedro Niño (abogado investigado también) nunca han establecido vínculo contractual, laboral o de voluntariado con nuestra organización”.
Rueda también apareció en entrevistas con medios nacionales, en las que negó tener relaciones cercanas con Juan Fernando Petro y, como en otras oportunidades, se declaró víctima de un complot para desacreditar su trabajo.
Los periplos carcelarios de la Oacp han coincidido con la expedición de varios comunicados de ONG y organizaciones de DD.HH. en respaldo al comisionado. Entre ellas están el Diálogo Eclesial por la Paz, que reúne varias iglesias cristianas, evangélicas y metodistas de Colombia.
También recibió apoyo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífica y la Coordinación Regional del Pacífico, que integra consejos comunitarios de negritudes y cabildos indígenas de Chocó, Valle, Cauca y Nariño; del Pacto Histórico y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, entre otras ONG.
Pese a estos espaldarazos de la sociedad civil y las reuniones carcelarias, la prueba de fuego será el texto final de la ley de sujeción de bandas, tras su debate en el Congreso. ¿Qué tanto estará dispuesto a ceder el Gobierno para mantener su propuesta de una paz que incluya a todos los grupos ilegales?
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