Las palabras desplazamiento y confinamiento siguen haciendo eco en Colombia. La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó de nuevo estos fenómenos, en especial en los municipios de Medio San Juan e Istmina, en el Chocó (ver infografía).
De acuerdo con el reporte, son 3.816 personas confinadas, 307 personas desplazadas y alrededor de 1.800 niños sin acceso a la educación, quienes se están viendo afectados por los enfrentamiento del Ejército Nacional con miembros de la guerrilla del Eln.
“Se evidenciaron otras acciones de violencia como amenazas, restricciones al acceso y medios de vida, y presencia de minas antipersonas y municiones sin explosionar”, señaló la ONU.
La ONU explicó que se bloquea la movilidad, limitan el acceso de las comunidades a servicios como educación, salud y agua, principalmente.
“La información y las cifras relacionadas, fueron verificadas con instituciones como la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas y las personerías, a partir de los censos suministrados por las administraciones municipales”, explicó la ONU en la alerta emitida el sábado.
Luis Murillo, defensor del Pueblo en Chocó, le confirmó a EL COLOMBIANO la situación.
“Nosotros, como Defensoría, desde el 23 de agosto emitimos una alerta temprana, en la que evidenciamos el alto riesgo a que estaban expuestas las comunidades”, precisa el defensor, dejando claro que, además del Eln, en esta zona están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y “hay información de que está subiendo un grupo de disidentes del frente 30 de lo que era la guerrilla de las Farc”.
El defensor llamó la atención de las autoridades, pues no se ha puesto a “andar el programa de erradicación voluntaria, sabiendo que ha habido avances de las comunidades, que han estado dispuestas a la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos”.
El comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez, respondió que el actuar militar es para frenar el poder territorial del Eln y, tras recuperar los territorios, llevar la oferta institucional. “No es solo actuar militarmente, sino recuperar la tranquilidad”, acotó el general.
Por otra parte, el Consejo de Autoridades Indígenas de la Asociación Orewa, denunció que un docente y la guardia indígena de pueblo Katío, del Resguardo Tahami del Alto Andágueda en Bagadó, están alarmados por la agresión de un grupo armado. Los hechos se dieron el jueves pasado, cuando “atacaron con arma de fuego a la Guardia Indígena”.
Por esta razón, las comunidades solicitaron a las autoridades que “de manera inmediata se implementen las correspondientes rutas de atención y reparación”.
