En la tarde del lunes, la Procuraduría General de la Nación solicitó a Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro, evaluar la posibilidad de suspender el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios que ingresarán a la carrera.
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¿La razón? Según advertencias de la entidad y del propio presidente Petro, habría personas que estarían comprando cupos por medio de millonarios sobornos. En la tarde del martes, el concurso fue oficialmente suspendido.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, emitió un comunicado sobre la decisión: “Teniendo en cuenta que a Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha exhortado sobre la necesidad de suspender la ejecución contractual No. 2189 de 2025 y considerando las limitaciones presupuestales que para el año 2025 se presentan, se hace necesario suspender el concurso notarial convocado”.
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Desde el ministerio también informaron que evaluarán las consecuencias de suspender el concurso. El informe técnico al respecto será presentado ante la Procuraduría.
La suspensión del concurso coincide con una publicación del presidente Petro en su cuenta de X, donde habló de las presuntas irregularidades que estarían permeando el proceso. Según el mandatario, se estarían presentando sobornos de hasta mil millones de pesos para conseguir un cupo en una notaría.
“Cobran mil millones por cupo y son 700. Y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción”, aseguró Petro.
La Procuraduría hizo énfasis en que se intentó hacer varias verificaciones desde el ente de control, pero que para el 8 de septiembre, estas no habían sido resueltas. La solicitud de revisión fue interpuesta por la entidad el 3 de septiembre, e incluía varias observaciones sobre el proceso y verificaciones pendientes en el SECOP.
La entidad señaló que al no proceder recursos contras las decisiones preliminares del operador ni contra las definitivas del Consejo, consignadas en los acuerdos: “los participantes quedan sin posibilidad alguna de ejercer su derecho fundamental a la defensa contra las que se tomen sobre las listas de admitidos, las calificaciones de prueba y las calificaciones de entrevista”.
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Por su parte, el Ministerio de Hacienda se refirió al respecto y aseguró: “Se trabajará en atender cada uno de los puntos observados, garantizando la transparencia y legalidad del concurso”.
Tras los señalamientos, la Fiscalía también está inmersa en la situación, y deberá determinar si hubo o no pago de sobornos y actuaciones irregulares en el proceso.
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