El Consejo de Estado negó la demanda presentada por 12 congresistas en contra de los decretos, en los que se aprobó y reglamentó el proceso de venta de las acciones que el Estado colombiano tenía en la empresa Isagén.
Los demandantes argumentaban que la autorización para vender Isagén vulneraba el patrimonio público, no estaba sustentada en estudios técnicos que la justificaran y que no era conveniente ni necesaria para financiar las vías 4G, como lo dijo el Gobierno Nacional.
La Sección Cuarta explicó que en sentencia del 10 de septiembre de 2015 la Corporación ya había negado una demanda similar, por lo que determinó que en este caso opera la cosa juzgada, pues los argumentos expuestos ya fueron estudiados y decididos.
La Sala también señaló que los decretos demandados se fundamentaron en la Constitución y la Ley 226 de 1995 y que los motivos de política pública para justificar la venta de la empresa correspondían a aspectos que, en principio, no pueden ser objeto de un juicio de legalidad.
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