En aras de proteger el debido proceso de una tutela formulada por víctimas del conflicto armado, el Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Iván Duque, que suspenda de manera temporal la extradición del exparamilitar y narcotraficante Dairo Úsuga David, alias “Otoniel”.
La decisión fue tomada el pasado jueves por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, y notificada públicamente ayer en respuesta a la demanda instaurada por representantes de varias asociaciones y comunidades indígenas, campesinas y de negritudes, la mayoría asentadas en la región de Urabá (ver el recuadro Paréntesis).
Los ciudadanos pusieron la tutela para proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación, que a su juicio se verían afectados si el Gobierno envía a Estados Unidos al máximo líder del cartel narcotraficante Clan del Golfo, el cual es solicitado por dos cortes federales por cargos de conspiración para traficar cocaína.
Los entutelados fueron la Presidencia, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, entidades que participan en el proceso de extradición.
El trámite ya está en su etapa final, luego de que la Corte Suprema avalara la solicitud de EE.UU. y Duque estampara su firma en la autorización.
“Allá lo están esperando en Disney. Creyó que se iba a burlar de Colombia y de las autoridades norteamericanas, pero no. Se va a ir a una cárcel en Estados Unidos, como le corresponde a esa rata”, declaró el Jefe de Estado la semana pasada, anunciando la cuenta regresiva para el viaje.
De acuerdo con la providencia del Consejo de Estado, los representantes de las víctimas, además de formular la tutela, solicitaron una medida provisional: que se suspendiera la extradición, mientras el tribunal analiza su petición.
“Solicitamos a los magistrados se sirvan suspender de manera inmediata la orden de extradición de Dairo Antonio Úsuga, hasta tanto no se resuelva de fondo la acción deprecada”, redactaron.
Entre sus argumentos, expusieron que “no existe medio de defensa judicial efectivo para la protección de nuestros derechos, toda vez que las víctimas no tienen participación en la extradición (...), pues este es un trámite entre el Estado colombiano, el estado requirente y el procesado, donde legalmente no se encuentra prevista la participación de las víctimas”.
Además de ordenarle a Duque que suspendiera el procedimiento, el Consejo les dio a las entidades entuteladas dos días para enviar la documentación requerida para analizar el pleito jurídico. Incluso “Otoniel” podrá hacer “las manifestaciones que considere pertinentes”, por tener interés en el resultado del proceso.
Tras recibir las pruebas de los implicados, la Corte tendrá un máximo de dos semanas para emitir su fallo de fondo.
“Otoniel” está detenido desde el pasado octubre, pagando una condena de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta) y pendiente de la acusación por cerca de 500 crímenes de parte de la Fiscalía colombiana
