El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, presentó este jueves demanda de constitucionalidad parcial contra el párrafo 1 del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, conocida como Ley de Infraestructura, a fin de evitar que se abra paso lo que en su concepto configura “el reconocimiento de coimas y pagos indebidos en contratos de Asociación Público Privada y de concesión de infraestructura de transporte celebrados antes de la vigencia de la Ley 1508 de 2012”.
Así mismo, Maya Villazón está en desacuerdo con la inclusión por parte de la norma de la aplicación retroactiva de estos beneficios a los contratistas de los contratos de concesión de infraestructura de transporte anteriores a la vigencia de la Ley 1508 de 2012.