La Contraloría determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
De acuerdo con el ente de control, en el desarrollo de una auditoría se establecieron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.
Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.
El organismo de control evidenció omisiones en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como incumplimientos en los lineamientos para la ejecución de desalojos, la elaboración de estimados de renta y los procesos de comercialización y rendición de cuentas.
También se identificaron falencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento y en la supervisión de las funciones de los depositarios.
El análisis reveló la existencia de contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, descuentos improcedentes y falta de control sobre reparaciones y obligaciones de los arrendatarios.
Estas situaciones, según el informe, habrían generado afectaciones económicas y riesgos en la conservación del patrimonio administrado.
2.000 millones de pesos en parqueadero
En cuanto a los vehículos bajo custodia, la Contraloría detectó debilidades en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización, lo que habría ocasionado pérdida de valor.
Además, se estableció que varios automotores permanecieron en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje por $1.090 millones entre 2021 y 2025.
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La Contraloría encontró que, en lugar de generarle réditos al Estado, la SAE estaría destinando millonarios recursos al pago de parqueaderos por vehículos abandonados en distintos puntos del país.
De acuerdo con la auditoría, uno de los casos más representativos correspondiente al periodo 2021-2025— es el pago de hasta $68,4 millones por el bodegaje de un camión de placas que, según la entidad, debería estar en proceso de comercialización.
El vehículo permanece, con corte a 2025, en el patio Las Ceibas del municipio de Espinal, a donde fue trasladado en junio de 2019 por la entidad que dirige Amelia Pérez.
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Pese al tiempo transcurrido, el automotor no ha sido vendido ni dispuesto de manera definitiva, lo que ha generado costos acumulados para el Estado.
Sin embargo, este no sería un hecho aislado. La Contraloría advirtió que en total son 113 vehículos por los cuales la SAE estaría pagando sumas significativas mensualmente por concepto de bodegaje, en contravía de su misión de administrar, optimizar y comercializar oportunamente los bienes bajo extinción de dominio.
Según los cálculos del organismo de control, en los últimos cinco años la entidad ha pagado más de $2.000 millones por parqueadero de vehículos, recursos que, en lugar de representar ingresos para la Nación, estarían convirtiéndose en un pasivo derivado de fallas en los procesos de enajenación y gestión de inventarios.
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