La denuncia de la Contraloría sobre las fallas en la financiación y en la entrega de bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas reavivó las dudas sobre activos que, supuestamente, ya habían sido entregados. El señalamiento fue hecho por el candidato a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien interpeló directamente a la senadora Sandra Ramírez.
“¿Dónde están los bienes que su grupo dijo haber entregado para indemnizar a las víctimas y que, en realidad, no fueron entregados completos?”, le pregunta Briceño a Sandra Ramírez, conocida en las antiguas Farc con el alias de ‘Griselda Lobo’ y senadora por el partido Comunes.
El señalamiento surge tras los hallazgos de la Contraloría General de la República, que advirtió que los bienes reportados por las Farc para indemnizar a las víctimas no habrían sido entregados en su totalidad, lo que ha generado dudas sobre el destino real de esos activos.
En particular, se cuestiona el paradero del oro que, según versiones conocidas durante la implementación del Acuerdo de Paz, habría sido transportado con participación directa de antiguos miembros del secretariado.
“¿Dónde está el oro que usted dijo haber ayudado a cargar?”, le preguntó el exconcejal Briceño.
La denuncia de la Contraloría
Justamente, durante la mañana de hoy, se dio a conocer que la reparación a las víctimas que han ordenado las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), enfrenta actualmente un grave problema de financiación para 2026. Según la Contraloría, estos fallos presentan una desfinanciación del 83,6 %, lo que equivale a $101.858 millones de pesos, sin contar las sentencias adicionales que puedan emitirse en esta jurisdicción.
El ente de control advirtió que existe una “falta de monetización de los bienes entregados e incumplimientos en la entrega de bienes para reparar”, situación que pone en riesgo el derecho de las víctimas a la reparación integral en la que se enfoca tanto la JEP.
De acuerdo con la Contraloría, estos incumplimientos “ponen en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad del Estado”, por lo que hizo un llamado a las partes involucradas a cumplir lo pactado.
El informe fue presentado tras un seguimiento adelantado por la Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría, orientado a identificar los recursos con los que cuenta la justicia transicional para implementar las sentencias, a partir de los bienes entregados por las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.
En ese contexto, se analizaron las órdenes impartidas por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-ST-No.002 de 2025, emitidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento. Allí se determinó que uno de los componentes centrales es el restaurativo y reparador, el cual, según cálculos de la propia Jurisdicción, requiere “$121.858 millones, pero para la vigencia 2026 solo hay disponibles $20 mil millones de pesos”. Es decir, faltarían más de $100 millones de pesos.
La Contraloría también alertó que, frente a otros componentes de las sentencias, se impartieron órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades nacionales y territoriales responsables de su implementación y de la consecución de recursos.
Sin embargo, “no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026”.
Los bienes entregados
En cuanto a los bienes entregados por las FARC-EP, el informe recuerda que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) es la entidad designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos activos, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue definida como la entidad beneficiaria.
No obstante, el balance es crítico. La Contraloría identificó una brecha significativa entre los bienes que las FARC se comprometieron a entregar y los que efectivamente fueron entregados y monetizados.
“La Contraloría General de la República pudo identificar los activos que se comprometió a entregar las FARC en el marco del Acuerdo de Paz con el fin de reparar a las víctimas y lo efectivamente entregado y monetizado”. La entidad estableció que “solo fueron monetizados USD 448.500 dólares, ya que USD 1.500 eran falsos”.
Para el ente de control, esta situación compromete seriamente los objetivos del sistema de justicia transicional.
“Los bienes entregados por las FARC al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo”, lo que estaría afectando la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación.
Según finalizó el comunicado del ente de control, esto “entraña una incertidumbre frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos de las víctimas”.
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