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Copar territorio, misión Bajo Cauca

  • En el Bajo Cauca la Fuerza Pública tiene desplegados más de cinco mil soldados y policías. A pesar de esto, la comunidad pide más efectividad contra los ilegales. FOTO Cortesía Séptima división
    En el Bajo Cauca la Fuerza Pública tiene desplegados más de cinco mil soldados y policías. A pesar de esto, la comunidad pide más efectividad contra los ilegales. FOTO Cortesía Séptima división
Por ricardo monsalve gaviria | Publicado el 21 de enero de 2020
Infografía
Copar territorio, misión Bajo Cauca
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desplazamientos masivos se registraron en Tarazá desde 2018 según la Defensoría.

en definitiva

Más presencia de la Fuerza Pública e intervención social con los programas del Estado es la promesa del Gobierno a los habitantes de Tarazá, luego de la masacre de 5 personas en zona rural.

El Guáimaro es un corregimiento de Tarazá ubicado a 45 minutos, por vía destapada, de la cabecera municipal. Su nombre fue primera plana la semana pasada en la prensa regional y nacional por una masacre de cinco personas cometida por grupos armados ilegales el pasado viernes, y que evidenció que el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño requiere de una intervención no solo militar, también social.

A esa conclusión llegaron tanto representantes de la comunidad como el mismo presidente de la República, Iván Duque, quien estuvo de visita en ese pequeño poblado de Tarazá para anunciar la intención del Gobierno Nacional con las poblaciones afectadas por la guerra que libran dos grupos armados organizados: Clan del Golfo y Caparros.

La orden del mandatario para las Fuerzas Militares y Policía es aumentar su presencia en las zonas como El Guáimaro, que no cuentan con estaciones de policía o bases militares, pero también acelerar la implementación de programa sociales como el denominado Zonas Futuro.

“Queremos fortalecer la presencia del Estado con seguridad y justicia, pero siempre de la mano de una respuesta articulada por parte de las agencias del Estado en lo que tiene que ver con proyectos productivos, bienes públicos y la atención a la población más vulnerable. Mi meta es responder rápidamente a muchas necesidades que por años no habían sido atendidas”, afirmó el jefe de Estado.

Luego del recorrido por el corregimiento, Duque dijo que le generaba “repudio y dolor” por lo ocurrido la semana pasada y por eso le ordenó a la Fuerza pública “reforzar la presencia en el territorio. El Guáimaro ha sido muchas veces afectado por grupos narcos y tenemos que garantizar que no tengan esa posibilidad. Que la comunidad sienta la protección”, aseveró.

Pedidos de la comunidad

Desde la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca fueron específicos con las necesidades de la comunidad que habita la ruralidad del municipio de Tarazá.

“Acá en esta región tenemos más de cinco mil efectivos de la Fuerza Pública, pero pocos resultados se ven. El pedido que hacemos es revisar por qué no se logran reducir los crímenes de los ilegales. Le pedimos al Gobierno que nos brinden garantías de permanencia y convivencia”, explica William Muñoz, representante de la asociación.

Otro de los requerimientos está vinculado con la economía de los campesinos. “Necesitamos de una reactivación de la economía local, que la línea de proyectos productivos se pueda desarrollar, sobre todo para aquellas familias que le apostaron a la sustitución de cultivos de uso ilícito”, añade Willam.

A esto se le suma la petición de unas vías en mejores condiciones y, específicamente para el corregimiento de El Guáimaro. La Asociación de Campesinos pidió una mejor adecuación de la institución educativa, la construcción de una placa polideportiva, así como la de un centro de salud acorde con las necesidades de los habitantes.

Estas peticiones fueron presentadas a las autoridades nacionales y regionales. Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien también estuvo en la visita a Tarazá, se comprometió con la comunidad para sostener una reunión con líderes de Tarazá para iniciar los trabajos en cada uno de los puntos.

“La próxima semana, con representantes de la comunidad y el alcalde de Tarazá, estudiaremos de manera seria la lista de las solicitudes para definir prioridades y trabajar conjuntamente, proponer metas y regresar para entregar resultados”, aseguró Gaviria.

El mandatario regional también le hizo un llamado al Ejército y Policía: “tenemos que ser más efectivos, lo primero es la seguridad, la tranquilidad. Que no vengan unos bandidos a matar gente y robar tranquilidad a la comunidad, debemos tener una fuerza pública mucho más activa”.

La estrategia militar

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, explicó que durante el último año, parte de las tropas desplegadas en el Bajo Cauca tuvieron la misión de recuperar el orden, junto con la Policía, en las cabeceras municipales, ahora, el objetivo es consolidar la presencia en los centros menos poblados como los corregimientos.

“En esa primera etapa se logró bajar en un 7% el número de homicidios al finalizar el 2019. ¿Ahora qué vamos hacer? La idea es llegar a esos corregimientos que están sin Dios y sin ley, no hay ni cura para que la gente le tenga temor a Dios, ni hay ley para cumplir. Esos son los centros poblados que vamos a empezar a ocupar militarmente de la mano de la institucionalidad”, explicó el general Ramírez.

El oficial añadió que el trabajo del Ejército en la ruralidad ha logrado cerrar corredores estratégicos de los grupos armados ilegales. “Ellos buscan que esos puntos les queden libres para facilitar sus economías ilegales. Entonces como el Ejército les copó esos corredores, ellos lo que buscan es hacer daño en otros lados para que la Fuerza Pública se mueva para allá”.

Según el Ejército, tanto Caparros como Clan del Golfo, sufrieron en 2019, 404 capturas, 26 de sus integrantes se sometieron a la justicia y 14 murieron en combates.

Contexto de la Noticia

ORIGEN Guerra entre Caparros y Clan del golfo

Desde 2018 el Bajo Cauca antioqueño sufre de una disputa por el territorio entre ilegales. Tanto la Fiscalía como la Séptima División del Ejército afirman que estas estructuras armadas buscan tener control de las rentas ilícitas que hay en la región, como lo son la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Las autoridades afirman que las poblaciones más afectadas por esta guerra son Puerto Valdivia (corregimiento de Valdivia) y los municipios de Cáceres y Tarazá. En estos dos últimos poblados se registraron entre 2018 y 2019, 328 homicidios según Policía Antioquia, institución que no descarta que la mayoría de esos crímenes están relacionados con el conflicto.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

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