La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por su participación en el escándalo de corrupción conocido como “las marionetas”, un caso que destapó una red que manipulaba contratos públicos para obtener beneficios políticos y económicos.
Según la decisión, Ramírez no actuó solo. La Corte concluyó que hizo parte, e incluso lideró, una organización en la que participaron funcionarios, contratistas y particulares. El objetivo era direccionar licitaciones del Estado para que quedaran en manos de determinados contratistas. A cambio, se habrían pagado sobornos y se habrían asegurado apoyos para su campaña política.
Uno de los puntos clave del caso fue el manejo de convenios relacionados con obras públicas, especialmente proyectos de vías. Es decir, contratos que en teoría debían mejorar las condiciones de vida de las comunidades terminaron siendo utilizados, según la sentencia, para favorecer intereses particulares. Para los magistrados, esto agrava la conducta, porque se trata de recursos destinados a necesidades básicas de la población.
Por estos hechos, la Corte lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la condena de prisión, el fallo establece una multa millonaria, superior a 22.000 millones de pesos,— y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de 23 años.
“Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista”, se lee en la sentencia.
La decisión también deja claro que Ramírez no podrá cumplir la pena en su casa ni acceder a beneficios mientras la condena queda en firme. Es decir, una vez se agoten los recursos legales, deberá ir a prisión.
En el entramado de “las Marionetas”, Ciro Ramírez habría direccionado dos contratos interadministrativos de $22.173 millones y de $49.460 millones en los departamentos del Quindío y Tolima.
En ambos casos, los contratistas beneficiados le habrían entregado al congresista alrededor de 1.000 millones de pesos en coimas, pues según la investigación, él pedía hasta el 15% de ganancia por contrato firmado.
En la investigación adelantada por la Fiscalía a funcionarios cercanos al congresista, el ente investigador vinculó a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y al contratista Anderson González, ambos por presuntas irregularidades.
En el mismo fallo, la Corte decidió absolverlo de algunos cargos específicos relacionados con ciertos contratos, al considerar que no había pruebas suficientes en esos puntos. Aun así, la condena principal se mantiene por su papel dentro de la estructura que, según la justicia, manipuló la contratación pública para fines indebidos.
El escándalo de “las Marionetas” comenzó como una práctica atribuida al fallecido exsenador Mario Castaño, quien logró torcer contratos del Estado para favorecer a determinados contratistas y, a cambio, cobrar coimas. Ese mismo esquema habría sido replicado por Ciro Ramírez y otros congresistas.
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