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¿Qué le parece? Proponen que el Estado asuma el rol de vendedor de las drogas
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En Colombia la dosis permitida de marihuana es de 20 gramos. Ahora abogan para que el Estado la venda.
FOTO el colombiano
20 de julio de 2022
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La discusión alrededor del manejo que se le dará a las drogas no solo es uno de los pilares en la agenda del Congreso y el gobierno entrante. A ese debate –que por años ha generado divisiones– se suma que en la Corte Constitucional se evalúa una demanda que afectaría directamente el modo de consumo de la dosis mínima.
Se sabe que esa porción en el caso de la marihuana es de 20 gramos, y que es legal desde hace 28 años. Sin embargo, Francisco Lara y Alfy Rosas –los demandantes– advirtieron que al momento de tratar estos temas sobre la dosis hubo un vacío legal que debe solucionarse.
Para ellos es claro el derecho al mínimo consumo, pero no el camino para llegar a él. Es decir, cómo comprar. Dicha transacción, dicen, pone en riesgo la vida del consumidor, ya que para acceder al producto en algunas ocasiones toca contactarse con redes ilegales.
Es por eso que para zanjar el debate, lo que proponen es que el Estado eche mano de las autoridades sanitarias o de la Policía para que se encargue de vender el estupefaciente. La idea ha tenido múltiples intervenciones en la Corte, una de ellas del Ministerio de Salud, que se opuso tajantemente advirtiendo que va en contra de la lucha contra las drogas.
Y es que para el Gobierno es claro que toca prevenir el consumo, pero al momento de hablar del Estado como proveedor de estupefacientes se está contrariando ese rol de prevención. Además, se está excediendo el ámbito de interpretación del tipo penal cuestionado.
Con este último pedazo, el Ministerio se refiere al punto que pretende atacar la demanda. En ella se señala que es inconstitucional el Artículo 376 del Código Penal, que habla del tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Respecto a la propuesta, el neurofisiólogo Juan Daniel Gómez le explicó a este diario que hay que revisarla bien, pues “generalmente traen algo detrás que tiene que ver con intereses fuertes desde el punto de vista económico”. A su juicio, y sin saber qué dictará la Corte, esto podría derivar en que pase algo similar al negocio de los medicamentos.
En él, el Estado compra fármacos a la industria, posibilidad que no descarta que pueda pasar con las drogas.
Por eso es partidario de que primero se haga un “gran proyecto cultural” para que la gente aprenda qué es cada sustancia, consuma de forma moderada y las rentas no queden en grandes empresarios.
El caso está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo, a quien los demandantes ya le pidieron que convoque a audiencia pública para sumar más aportes a la discusión.
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