La situación judicial del representante a la Cámara, David Racero, se torna cada vez más compleja. A los procesos que ya cursan en su contra en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, se suma ahora un nuevo escenario de investigación.
La Corte Suprema le abrió una investigación formal por el delito de concusión, una conducta que castiga a los servidores públicos que, aprovechando su cargo, exigen o solicitan de manera indebida dinero o beneficios, ya sea para su propio provecho o para terceros.
En este caso, la Corte indaga un entramado de pagos irregulares que salpican a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero. Según las pesquisas, varios de sus colaboradores habrían cubierto con recursos propios gastos personales del congresista, incluidos consumos de sus tarjetas de crédito, pagos de mercado de su residencia e incluso transferencias a miembros de su familia, entre ellos su padre.
La Sala de Instrucción del alto tribunal, investiga las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Por cuenta de estos hechos, ya se vienen practicando pruebas y recogiendo declaraciones. Se prevé que en los próximos días se fije la fecha para escuchar a Racero Mayorca en declaratoria.
Al respecto, el propio Racero ha intentado desmarcarse de las acusaciones y ha sostenido públicamente que esos desembolsos corresponden a “devoluciones de préstamos” que él mismo hacía a sus asesores, quienes, según su versión, posteriormente le habrían reembolsado el dinero de esa manera. No obstante, para la Corte la justificación no es suficiente y por ello decidió abrir un nuevo frente judicial que podría complicar aún más su panorama político y jurídico.
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Las pruebas contra Racero
El proceso investiga si Jhon Leonardo García Lara, quien fue miembro de la UTL del representante a la Cámara, ejerció funciones que estaban por fuera de las establecidas en el trabajo legislativo por pedido del político.
Los hechos por los que es investigado el representante petrista fueron revelados por el periodista Daniel Coronell. En sus publicaciones señaló que García habría terminado atendiendo un negocio particular (un mercado Fruver) de Racero en época de pandemia.
En los audios, Racero describe las condiciones laborales de una vacante para un fruver, minimercado de frutas y verduras, de propiedad suya. En una nota de voz enviada por WhatsApp, el congresista detalla que ofrece un salario mensual de un millón de pesos, sin ningún tipo de prestación legal, para una jornada laboral de 13 horas diarias, de lunes a sábado. El trabajador tendría un único día de descanso semanal.
Las denuncias han causado gran controversia, mientras el representante insiste en que es inocente de las conductas reprochadas.
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