Al pronunciarse sobre un fallo de casación, la Corte Suprema de Justicia aprovechó para hacer un llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación y recordarle que los preacuerdos, logrados con personas procesadas, deben cumplirse aún cuando no han sido legalizados por un juez de la República.
El llamado de atención se dio luego de que el general retirado Jorge Arturo Salgado Restrepo alegara que la Fiscalía había cambiado lo establecido en un preacuerdo al que habían llegado consistente en la aceptación de varios delitos por interés indebido en la celebración de contratos y dos peculados por apropiación, a cambio de una disminución punitiva por el reintegro total del dinero.
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Al conocer el reclamo y las evidencias sobre los incumplimientos en el preacuerdo por parte del ente acusador, el alto tribunal, además de dar la razón al exmilitar, advirtió que “el acta del preacuerdo no es un documento sin valor proveniente de la voluntad unilateral del Fiscal, sino, se reitera, un escrito de acusación fruto del consenso. O, lo que es lo mismo, es la formalización de un acto bilateral que al involucrar a un funcionario público en ejercicio de sus funciones conduce al particular (imputado) a confiar razonablemente en la legalidad de la actuación y, por tanto, no puede ser desconocido en contra del usuario”.
El jalón de orejas a la Fiscalía se da en medio de la coyuntura nacional por los preacuerdos que se están terminando de concretar con los implicados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
Se trata del exdirector de esa Unidad, Olmedo López y del ex subdirector, Sneyder Pinilla, quienes han pedido garantías y beneficios a cambio de contar los detalles que llevaron al robo de millonarios recursos públicos. Ahí, según la Corte Suprema, la Fiscalía deberá respetar y cumplir con lo acordado.
En el fallo, la corporación además exhortó a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que proceda a la capacitación de los delegados del ente que dirige y así evitar que se incurran en los citados incumplimientos.
“En lo sucesivo instruya a todos sus fiscales delegados con el fin de que, en determinados casos (especialmente en los de connotación nacional), previamente a suscribir preacuerdos, consulten con sus superiores jerárquicos, con los jefes de las distintas unidades de Fiscalía, o hagan uso de los comités técnicos jurídicos que tienen a su disposición para preservar la unidad de gestión y jerarquía en esa institución y garantizar la seguridad jurídica, la lealtad procesal y el principio de confianza legítima en las instituciones”, se lee en el fallo.
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