El alto tribunal solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara indagar los contratos de vuelos usados durante la consulta presidencial del Pacto Histórico. En el caso también aparecen Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó este miércoles 8 de octubre a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, celebrada el 13 de marzo de 2022.
El requerimiento del alto tribunal se centra en los vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), señalados como uno de los puntos críticos en el manejo financiero de la campaña.
La solicitud se produjo un día después de que la Corte ordenara enviar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la propia Comisión de Acusación, con el fin de esclarecer si hubo inconsistencias en los reportes de gastos de las campañas electorales de 2022.
Según el informe conocido, la Corte busca establecer si se presentaron violaciones a los topes de financiación y errores en la contabilidad electoral, especialmente en los contratos relacionados con el transporte aéreo de candidatos y equipos de campaña.
En el proceso también figuran Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Petro; y Guillermo Jaramillo, hoy ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico.
De acuerdo con la Sala de Instrucción, se hallaron evidencias de que el entonces precandidato Gustavo Petro realizó 27 desplazamientos aéreos, equivalentes a 72 horas de vuelo, que no habrían sido reportados como gastos de su campaña presidencial.
Esos trayectos fueron incluidos dentro de los gastos del Pacto Histórico al Senado, con el objetivo de evitar una posible superación de los topes de financiación.
La Corte sostiene que las facturas de los servicios, contratados por más de $2.324 millones, fueron posteriormente divididas en dos: una por $1.215 millones a nombre de la campaña al Senado y otra por un monto igual a la consulta presidencial.
Sin embargo, en varios de esos vuelos —según reveló la revista Cambio— no habrían viajado los candidatos al Congreso, sino el propio Petro, acompañado de su esquema de seguridad y familiares.
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En total, el tribunal identificó posibles manipulaciones en la información de 24 vuelos. Los gastos fueron distribuidos entre 20 candidatos al Senado del Pacto Histórico, asignando a cada uno alrededor de $60 millones en transporte aéreo.
Para la Corte, esta maniobra habría inducido en error al CNE para reconocer la reposición de gastos con base en información falsa.
La Comisión de Acusación, órgano competente para investigar al presidente de la República, deberá ahora revisar los documentos remitidos y determinar si procede o no una indagación formal contra Gustavo Petro y los funcionarios involucrados.
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