Crean comisión para investigar los escándalos en la Policía

Gobierno busca aclarar los supuestos seguimientos ilegales de la Policía a algunos periodistas.

Hoy se reunirán los 85 miembros del Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía Nacional, para analizar la actual problemática y formular propuestas para superarla. FOTO Jaime Pérez.

El presidente Juan Manuel Santos tuvo que salirle al paso al nuevo escándalo de filtraciones de información y “chuzadas”, que pone otra vez en entredicho la capacidad del Estado para controlar a sus organismos de inteligencia.

Anunció la conformación de una comisión de alto nivel para investigar las supuestas irregularidades en la Policía, por seguimientos a periodistas que denunciaron actos de corrupción en esa institución.

En el ojo del huracán están la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y un clan denominado “la comunidad del anillo”, que -según información no oficial- se dedica a presionar a otros policías para obtener favores sexuales con chantajes y amenazas de por medio.

Hasta ahora se conoce que los afectados son los periodistas Vicky Dávila, Claudia Morales, Jairo Lozano, Daniel Coronell, Nancy Sáenz, Slodoban Wilches y Gustavo Álvarez.

Santos contó que la comisión estará conformada por dos exministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y el académico Jorge Hernán Cárdenas. Tendrán independencia y serán coordinados por la ministra de la Presidencia, María Gutiérrez.

Tendrán 90 días para rendir un informe sobre sus hallazgos. “A este Gobierno no le temblará la mano para actuar contra cualquier caso comprobado de corrupción o abuso que encontremos en la Policía”, sentenció el mandatario.

“Inteligencia negra”

“Esto es inteligencia negra, nadie la reconoce, pero se hace para montar pruebas, encubrir hechos y chantajear para conseguir información de alto nivel con fuentes que no son de fácil acceso. En la Dipol es una vieja práctica tenerle pecados a todos los que puedan”, explicó a EL COLOMBIANO un agente de Inteligencia, quien pidió la reserva de su identidad.

Añadió que las interceptaciones a periodistas se estarían ejecutando desde el sistema PUMA (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis), mediante el cual la Policía tiene acceso a 20.000 líneas telefónicas y facilidades para “chuzar” correos electrónicos, chats y redes sociales como Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, Line y Viber.

En 2014 hubo polémica por su uso, pues el fiscal Eduardo Montealegre se opuso a la operación de PUMA, por considerar que solo la Fiscalía debería tener facultades para interceptar, además del riesgo de violación del derecho a la intimidad. El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, accedió a negociar con el ente judicial y en principio le cedió la vigilancia de los equipos. No obstante, según el agente consultado, “el sistema está activo”.

Relató también que “la comunidad del anillo” es de vieja data y que el extinto DAS lo sabía, “pero un oficial implicado trancó la investigación, porque era jefe de escoltas del Congreso y con algunos senadores - que participarían del clan - cuadraban ese tema”.

El general (r) Héctor Castro, presidente del Colegio de Generales de la Reserva Activa de la Policía, ha escuchado sobre la “comunidad”. “Ahí está en juego la intimidad sexual y las inclinaciones de algunas personas, no se pueden permitir esos abusos, se debe investigar, el país necesita saber quiénes son los responsables”. Afirmó que el personal de inteligencia debe ser el de las manos más limpias, porque lo que saben es tan delicado “que si se desvían, causarían gran daño al país”.

En la última década, la inteligencia produjo los mejores resultados contra el terrorismo y el narcotráfico, aunque ha quedado en entredicho por escándalos como las “chuzadas” y la venta de datos a los criminales, que llevaron a la disolución del DAS; la Sala de Interceptaciones Andrómeda, que vigilaba a los negociadores de La Habana; y ahora el Sistema PUMA. Ello hace pensar que hay ruedas sueltas y que la Contrainteligencia es insuficiente.

En 2011 el Congreso aprobó la Ley de Inteligencia para llenar esos vacíos, mas los escándalos siguen apareciendo. “Esa ley es confusa, llena de supuestos que no se cumplen, y ahí están los resultados”, opina John Marulanda, analista de seguridad y oficial (r) del Ejército.

A su juicio, las interceptaciones tienden a multiplicarse porque el mercado dispone de aparatos tecnológicos de fácil acceso, las leyes son confusas y “la justicia no funciona”. Piensa que el hecho de que el Presidente haya tenido que intervenir, deja mal parado al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “Su postura ha sido débil frente a esto, se nota su desconocimiento de las FF.AA”.

El escándalo ocurre dentro de una serie de pugnas internas en la Policía, que han perjudicado ascensos de altos mandos y arrojado sospechas sobre el propio Palomino, investigado por supuestas presiones sexuales a un subalterno y manejo irregular de influencias. Para Marulanda, “lo que está en juego es la autoridad moral del jefe de la Policía, y esas instituciones no funcionan si sus comandantes no tienen integridad moral comprobada”.