La decisión de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala, de anunciar una orden de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez, ha desatado una fuerte reacción internacional. Se trata de una medida con profundas implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas, no solo entre ambos países, sino en toda la región.
Sin embargo, más allá del anuncio, ampliamente cuestionado por distintos sectores, el foco volvió a centrarse en la controvertida trayectoria de Curruchiche como funcionario público, marcada por señalamientos de manipulación judicial y persecución a opositores.
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Rafael Curruchiche
Curruchiche ha sido acusado de obstruir investigaciones contra el expresidente Alejandro Giammattei, así como de utilizar su cargo para promover procesos penales contra periodistas, fiscales y jueces independientes, lo que ha provocado el exilio forzado o el encarcelamiento de varios de ellos. Estas acciones le valieron su inclusión en la Lista Engel del Gobierno de Estados Unidos, que lo señala como un actor corrupto y antidemocrático.
Rafael Curruchiche asumió la jefatura de la FECI tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien fue removido del cargo por la fiscal general Consuelo Porras y se exilió en Estados Unidos. Sandoval lideraba investigaciones clave contra la corrupción, varias de las cuales señalaban al entonces presidente Alejandro Giammattei.
Entre esas investigaciones estaba la presunta entrega de sobornos por parte de empresarios rusos y kazajos vinculados a la minería, quienes habrían buscado acceso privilegiado, y posiblemente ilegal, a un puerto guatemalteco.
Tras asumir la dirección de la FECI, Curruchiche abrió procesos contra Sandoval, argumentando irregularidades durante su gestión. Esto derivó en cinco órdenes de captura en su contra, incluyendo una solicitud formal de extradición a Estados Unidos.
Rafael Curruchiche ha sido señalado de interferir en investigaciones sensibles, especialmente aquellas que involucraban al expresidente Alejandro Giammattei. Según denuncias de exfiscales, Curruchiche ejerció presión constante sobre jefes de unidades fiscales para que archivaran o frenaran los casos que podían comprometer al entonces mandatario.
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Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 18 de agosto de 2021, cuando Curruchiche firmó un memorando dirigido al personal de la Fiscalía. En el documento, solicitaba que le fueran entregados todos los expedientes, informes y documentos relacionados con el caso que investigaba un posible soborno por parte de empresarios rusos a Giammattei.
La solicitud de Curruchiche fue vista por algunos fiscales como un intento por centralizar el control del caso y obstaculizar su avance, especialmente considerando que poco después varios de los responsables de estas investigaciones salieron del país denunciando persecución política.
A nivel internacional, el fiscal además fue incluido en listas de actores corruptos y antidemocráticos por organismos como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Canadá. Por estas razones, Estados Unidos le revocó la visa.
El uso de la FECI para perseguir a quienes, como Velásquez y Camargo, lideraron esfuerzos contra la corrupción a través de la CICIG, ha sido interpretado por expertos y organismos internacionales como un intento por reescribir la historia judicial guatemalteca y deslegitimar el trabajo de quienes combatieron redes de poder criminal en el país.
Curruchiche también ha sido cuestionado por su papel en la persecución de periodistas, particularmente en el caso de José Rubén Zamora, exdirector de El Periódico, quien fue condenado a prisión en un proceso ampliamente denunciado por la comunidad internacional como injustificado y lesivo para la libertad de prensa.
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En el plano político, el funcionario propuso la anulación de las elecciones presidenciales de 2023, ganadas por Bernardo Arévalo. Esta maniobra fue interpretada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como un intento de golpe de Estado, en un contexto de creciente preocupación por el deterioro democrático en Guatemala.
Orden de captura contra Velásquez y fiscal Camargo: reacciones
Tras el anuncio de las órdenes de captura contra dos figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los puntos más comentados fue que el exministro Iván Velásquez actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano, por lo que cuenta con fuero diplomático, lo que lo protegería frente a cualquier solicitud judicial por parte de Guatemala.
El caso de Luz Adriana Camargo, en cambio, plantea un escenario completamente distinto. Sería un hecho sin precedentes que la fiscal general en ejercicio de un país sea requerida judicialmente por una entidad homóloga en otro Estado, lo que abre un complejo debate jurídico y diplomático sobre la independencia de los sistemas de justicia y el uso del derecho penal con fines políticos.
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Al conocer la decisión en su contra, Velásquez citó un trino del pasado 16 de abril en el que recordó que en esa misma fecha, pero de 2015, “empezó en Guatemala un período floreciente de lucha contra la impunidad”.
Y agregó: “La población, de la mano de la Cicig y de la Feci, conoció entonces el tamaño de la corrupción y de la cooptación del Estado. Luego vendría la reacción de los sectores más retardatarios del país y empezó una feroz persecución liderada por una fiscal general que el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó como corrupta estableciendo sanciones en su contra y en contra de su instrumento, un(a) fiscal de poca monta pero de gran perversidad. También fueron sancionados por la Unión Europea. Esas medidas continúan vigentes”.
