Lo que inició como un gesto de solución “rápida” para una paciente por parte del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, rápidamente ha desencadenado en una “bola de nieve” que deja en medio de expectativas la crisis en el sistema de salud colombiano.
En el mensaje que compartió a través de sus redes sociales, el exalcalde de Medellín aseguró que “Ofimédicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina”. Ante esto, explicó que decidió intervenir directamente y transferirle directamente a la madre de la menor: “Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)”.
Como si eso no fuera suficiente, también resaltó que, por este pago, la madre de la menor pudo adquirir el medicamento por sus propios medios. “Ella fue de inmediato a una farmacia, los compró y se los dio a su chiquita. No tuvo que hacer fila de nuevo en la EPS ni madrugar a las 6 de la mañana”, aseguró.
Justamente, a partir de eso, planteó una alternativa que por lo menos se puede calificar de curiosa: giros directos a las familias que estén atravesando la crisis de entrega de medicamentos.
“Esta puede ser la solución para las EPS que no entreguen la medicina: giros directos a las familias como mecanismo de emergencia”. Además, indicó que “se abrirán las investigaciones a la EPS y a Ofimédicas por estos hechos”.
Sin embargo, expertos del sector salud han lanzado una alerta sobre las consecuencias de las recientes propuestas de Quintero, advirtiendo que el traslado de la responsabilidad hacia el canal comercial no solo encarecerá los tratamientos, sino que dejará al paciente a la deriva y sin un control real sobre los recursos públicos del sistema.
“No es viable”
En diálogo con EL COLOMBIANO, el vocero de Pacientes Colombia y fundador y presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA) en Medellín, Gustavo Campillo, cuestionó la viabilidad de esta propuesta de Quintero.
Según explicó, “la Superintendencia no tiene las competencias para determinar esos pasos”, y recordó que la ley ya contempla mecanismos para estos casos. “Cuando un usuario por incompetencia, por falta de oportunidad, no accede a cualquier tratamiento (...) y recurre por el gasto de bolsillo particular, tiene la posibilidad de hacer un recobro a la EPS en los primeros 14 días”, señaló.
No obstante, advirtió que este mecanismo no garantiza la devolución total del dinero. “Nunca el usuario va a recuperar la totalidad del dinero, porque la EPS (...) no puede pagar el medicamento sino conforme a sus tarifas de negociación”, explicó, al tiempo que dijo que, en el mercado, los costos suelen ser más altos, lo que implica pérdidas para el paciente.
Campillo también alertó sobre las dificultades operativas de implementar reembolsos generalizados. “Desborda toda capacidad técnica para hacer esos reembolsos”, afirmó, y agregó que las EPS podrían negarse a reconocer ciertos valores dependiendo de las circunstancias.
En ese sentido, fue enfático y aseguró que esta “es una medida absolutamente desconocedora del marco normativo, desconocedora de los procedimientos internos en el aseguramiento y absolutamente populista, imposible de llevar a cabo y no es más que un discurso populista”.
Es más, en cuanto a esto, el consultor en sistemas de salud, Ramón Abel Castaño, en conversación con este diario, aseguró lo mismo: “Es un acto más de su populismo sin límites. Esa medida no es sostenible, es ilegal y responsabiliza a la Superintendencia por el uso indebido del dinero en efectivo que hagan los particulares”.
Por su parte, el médico Ph. D. Andrés Vecino, profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins, cuestionó esta propuesta del Supersalud en un mensaje que publicó en su cuenta de X.
“Es paradójico que los críticos de un sistema de salud de aseguramiento social (...) propongan estas cosas”, señaló, al advertir que este tipo de medidas implicarían, en la práctica, una “real privatización de la salud”.
Vecino explicó que uno de los principales riesgos es el incremento en los costos. “El costo de los medicamentos a través del canal comercial es mayor que el del canal institucional (...) Esto solo favorece a las farmacias”, afirmó.
Además, indicó que esta alternativa trasladaría la carga a los pacientes. “Pone a los pacientes a buscar el medicamento por todas partes (...) Le quita la responsabilidad a las EPS”, sostuvo.
Alertó también sobre posibles impactos en el manejo de los recursos del sistema. “No hay forma de llevar el seguimiento de los recursos, llevando a una potencial pérdida de recursos (...) y afectando el cálculo de UPC en años subsiguientes”, concluyó.
Justamente es allí donde recae la discusión. La “solución” al problema de la escasez de medicamentos que plantea Quintero traería una consecuencia aún mayor y, en términos reales, desencadenaría una bola de nieve imposible de controlar y ejecutar.
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