La última vez que cruzó su camino con una mina antipersonal fue hace un año, cuando ayudaba a un equipo de fiscales a buscar fosas con víctimas enterradas de la guerrilla y los paramilitares. La primera vez se salvó de morir tras la explosión que le destrozó una pierna y casi lo deja ciego y sin oído.
Luis Fernando Pamplona es un sobreviviente del conflicto que azotó al municipio antioqueño de San Carlos y una de las 11.068 víctimas de las minas en Colombia. Sin quererlo, el accidente que sufrió en 2005 lo convirtió en un conocedor del problema.
Trabajaba como albañil tras regresar al pueblo porque no quería deambular más como un desplazado. Las Farc lo habían plagiado 20 días para presionarlo a que les diera información sobre la empresa electrificadora contra la que pretendían atentar. Y luego los paramilitares lo amarron dos días a un árbol porque consideraban que era colaborador de los guerrilleros tras ser liberado.
Había terminado su jornada de trabajo y junto al ingeniero de la obra caminaban por una trocha.
“Íbamos juntos pero él la piso... yo solo vi un chorro de candela porque volví a despertar al otro día cuando llegaron a socorrernos. Me sacaron al hospital local y de allí a otro en Medellín donde estuve 45 días en estado grave”, recuerda Luis. “La mina me destrozó la pierna pero me salvé de que me la amputara. Perdí parte de la visión de un ojo y de audición. Al ingeniero lo volvió pedazos, eso me dijeron”.
Las minas instaladas por las Farc, el Eln y los paramilitares se habían convertido para San Carlos en un arma indiscriminada que mataba de día y de noche.
“No distinguía entre un soldado, un campesino o un niño y entre 1999 y 2006 fuimos víctimas 119 civiles. Y aparte se cuentan 127 militares”, relata Pamplona, mientras señala una placa con su nombre en el mural dedicado a las víctimas del conflicto construido en el parque de San Carlos.
La desmovilización de las autodefensas y la ofensiva militar contras las guerrillas devolvieron la seguridad, pero el terror a las minas frenaba el retorno de los desplazados.
De víctima a desminador
Luis Fernando se entregó a esa misión y comenzó a recorrer las veredas deshabitadas que serían repobladas y donde se encontraban artefactos al abrir las trochas, desyerbar lotes y fincas.
“Entre 2006 y 2008 ubicamos 61 minas en 28 veredas y desenterramos varias. Las señalizábamos con tres palos que amarrábamos con una cabuya. Las guerrillas y los ‘paras’ minaron caminos , trochas veredales, alrededores de fincas y hasta las escuelas”, cuenta Luis.
De tanto insistir con las autoridades consiguieron que nueve soldados del batallón de ingenieros fueran enviados para desminar. Pero el retorno de cientos de campesinos que comenzaron a descubrir territorios minados los desbordó.
“La respuesta fue traer un batallón con un centenar de hombres y así fue como empezó el desminado humanitario en San Carlos, que comenzó en 2008 y que en 2012 lo convirtió en el primer municipio declarado libre de sospecha de minas en Colombia”, dice con satisfacción Pamplona, quien fue el coordinador municipal del proceso.
Fueron 713 minas desenterradas y cerca de un millón de metros cuadrados barridos en 56 veredas.
María Patricia Giraldo, la alcaldesa del municipio que hoy se muestra como ejemplo en Colombia, afirma que “el desminado ha permitido que más de 15.000 personas que se desplazaron retornaran y ahora puedan recorrer y cultivar sus tierras sin miedo”.
Ahora que puede entrar a las veredas, Luis Fernando trabaja para encontrar a cientos de desaparecidos y enterrados en las zonas rurales más alejadas. “El año pasado encontramos una fosa minada a su alrededor”.
Sabe que guerrilleros y paramilitares minaron las fosas para impedir que encontraran a sus víctimas y borrar evidencias de sus asesinatos y otros delitos como los secuestros.
Por esa experiencia de 10 años vislumbra que es un reto materializar el acuerdo del Gobierno y las Farc para el desminado del país. Más si la meta es a 10 años, como lo anunciaron los negociadores del Gobierno desde Cuba.
“Es una noticia muy positiva para librar al país de este flagelo que frena el desarrollo y el retorno de desplazados. Pero si duramos siete años en San Carlos no creo que en 10 años se pueda desminar todo el país... eso puede tardar décadas porque es un trabajo muy dispendioso en terreno y Colombia tiene una topografía muy agreste”.
Desenterrando la amenaza
Ese reto de desenterrar al “enemigo invisible” lo viven a diario los militares que hoy trabajan en el corregimiento de Santa Ana, del municipio antioqueño de Granada. La zona fue una retaguardia de las Farc en el Oriente antioqueño y de disputa con los grupos paramilitares.
Son 20 militares que se enfundan en sus trajes protectores y con rodillas y pies sobre la tierra escudriñan el terreno, metro a metro, con ayuda de detectores de metales en busca de artefactos explosivos del noveno frente de las Farc. Veredas como La María quedaron sin habitantes. Allí llegaron hace un mes.
El terreno es montañoso, está fangoso por las lluvias recientes y hace calor, que se incrementa para los desminadores por los pesados trajes blindados. Hasta ahora han encontrado un artefacto explosivo, que desactivaron sobre una trocha y a unos 50 metros de tres casas. Sus habitantes las abandonaron por el conflicto. Y por miedo a pisar una “quiebrapatas”.
Los detectores ayudan, pero según los militares no sirven para descubrir los diferentes tipos de minas “hechizas” usadas por la guerrilla, como las hechas con botellas plásticas que se activan al pisar una jeringa.
La seguridad es la consigna en su riesgosa misión. Hay militares armados cuidando a los desminadores y cerca al sitio se tumbó monte para habilitar un helipuerto “en caso de un accidente poder evacuar al personal herido a tiempo”, explica el capitán que coordina el desminado en la zona.
Los protocolos son rigurosos hasta el extremo de que si el aeropuerto más cercano no está en operación se detiene el desminado.
Soldados profesionales que dejaron el fusil y las operaciones militares para limpiar el territorio saben la importancia de su labor para las comunidades. “Es muy satisfactorio ver como a medida que se desminan los campos los campesinos regresan a sus tierras y nos agradecen la labor”, relata un desminador en Santa Ana.
Meta difícil de cumplir
Ese desminado que avanza en la región es una buena noticia para John Ferney Giraldo, así haya llegado tarde para él. Tenía 15 años cuando las Farc los desplazaron de su vereda en Sonsón en 2004 y justo el día que salía desterrado junto a su familia con 29 personas pisó una mina que lo levantó del suelo y le mutiló su pierna izquierda. Es una de las 1.113 víctimas de las minas siendo un menor de edad.
Recuerda que “me levanté, di unos pasos pero caí y sentí que me desmayaba... me estaba desangrando cuando llegaron a ayudarme y rezarme la sangre. Una guerrillera del Eln me auxilió y sino me moría”.
Tras una larga rehabilitación física y sicológica en Medellín para aprender a usar la prótesis volvió al campo. Es campesino y también lidera la asociación de víctimas en San Francisco. La música es una afición que le ayudó a superar la discapacidad. Se dio el “gusto” de tocar la guitarra junto al cantante Juanes, quien le regaló el instrumento musical.
La noticia del acuerdo del Gobierno y Farc para lograr el desminado lo alegra. “Que se acabe el conflicto es la mejor garantía para que nadie más muera o quede discapacitado”.
En ese municipio terminó el año pasado el desminado humanitario que eliminó cerca de 300 artefactos explosivos y 166.571 desechos de munición en 240.992 metros cuadrados.
El alcalde, Luis Emigdio Escobar, espera la fecha para la certificación de San Francisco como el tercer municipio desminado del país. “Nuestras veredas quedaron deshabitadas e improductivas, por lo que el desminado es apenas el primer paso para el retorno de miles de desplazados y reactivar la economía rural porque tras el desplazamiento toca traer los alimentos que antes producíamos. Pero eso requiere una gran inversión del Estado”.
El alcalde y John Ferney destacan el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla, pero saben por experiencia propia que será uno de los retos del posconflicto y que los 10 años pronosticados por el Gobierno son una meta imposible de lograr. “Que los guerrilleros ayuden a ubicar las minas ayuda, pero los estudios y experiencias en otros países muestran que es una tarea que tardará décadas”.
Más cuando son 688 municipios, el 60 por ciento del país, los que han registrado accidentes con las trampas explosivas del conflicto.
11.068
víctimas de minas desde 1990. Son 6.829 militares y policías y 4.239 civiles.
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