Una fuerte controversia estalló este 15 de noviembre en Colombia. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que seis niños, niñas y adolescentes murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de alias Iván Mordisco, en zona rural del Guaviare.
Además, la institución reportó la recuperación de otros cuatro cuerpos que aún no han sido identificados.
La información contradice la versión entregada un día antes por el ministro de Defensa, quien aseguró que en esa operación “no hubo menores de edad afectados”.
Incluso, el jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, había ido más lejos al justificar que, si un menor participaba en hostilidades, podía perder toda protección:
“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna, recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.
La Defensoría respondió de manera directa a este tipo de afirmaciones y pidió claridad absoluta respecto al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Defensoría del Pueblo pide que prevalezca el principio de humanidad
En su comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo recordó que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos, incluso en medio de la guerra.
Ningún menor reclutado —dijo la entidad— debería resultar afectado por operaciones militares, aun cuando haya sido obligado a participar en las hostilidades.
El organismo explicó que los niños, niñas y adolescentes reclutados mantienen una protección reforzada, derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar limitada y del interés superior del niño.
Citando la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la Defensoría insistió en que este tipo de víctimas “no pueden ser tratadas como combatientes ni convertirse en objetivos militares”.
El uso de la fuerza, según la entidad, debe ser estrictamente proporcional y nunca excesivo frente a lo necesario para alcanzar el objetivo militar. Incluso si un ataque es “legítimo”, no puede justificar daños desproporcionados o innecesarios.
Contexto del operativo militar y reclutamiento forzado de menores
La operación se desarrolló contra las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco, en un campamento donde se encontraban menores víctimas de reclutamiento forzado.
Para la Defensoría, la responsabilidad originaria de esta tragedia recae sobre los grupos armados ilegales que usan a los menores como escudos humanos, algo prohibido categóricamente por el DIH.
En el comunicado, la entidad recordó que Colombia incorporó los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, normas que prohíben reclutar personas menores de 18 años y utilizarlas en hostilidades.
Además, la Defensoría aseguró haber constatado durante el año múltiples casos de vulneraciones del DIH atribuidas a estas disidencias en Guaviare.
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La Defensoría rechaza el reclutamiento forzado y pide no normalizar la guerra
El organismo reiteró que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario.
Recordó que la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos armados no puede usarse como justificación para flexibilizar los límites en el uso de la fuerza ni para considerar ataques como automáticos o inevitables.
La guerra —subrayó la entidad— no puede ser normalizada ni utilizada como excusa para justificar vulneraciones a los principios de humanidad, dignidad y necesidad. Su misión, dijo, no es certificar la “legitimidad” de acciones militares, sino advertir, rechazar y exigir medidas que protejan la vida de los más vulnerables.
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