En el Informe Motivado presentado por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el caso “Ruta del Sol”, el delegado Juan Pablo Herrera Saavedra recomendó “declarar responsable y sancionar” a dos filiales deOdebrecht en América Latina, a Corficolombiana, a Episol S.A. y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. por practicas anticompetitivas en las que incurrieron para la adjudicación del contrato de infraestructura vial.
De acuerdo con los hallazgos de la delegatura, incluidos en un documento de 350 páginas al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, sí hubo un sistema anticompetitivo en la adjudicación del proyecto Ruta del Sol 2, que incluyó un soborno y otros pagos de Odebreceht a dos firmas del Grupo Aval (Corficolombiana y Episol) y a sus funcionarios.
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Según las cuentas del delegado, fueron más de 20 millones de dólares que quedaron “enredados” en una trama de empresas fachada y obras que jamás se ejecutaron. A lo que hay que sumarle los 6,5 millones de dólares que recibió el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien sirvió para desentramar la armazón ilegal.
Así las cosas, Herrera Saavedra recomendó al superintendente Andrés Barreto González, sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y a las personas naturales Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo Da Rocha, Manuel Ricardo Cabral, Yesid Agusto Arocha y José Elías Melo.
Además, al exviceministro Gabriel García Morales pidió declararlo responsable pero exonerarlo de la sanción “por su colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores”.
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En estos casos la sanción máxima a aplicable es de 98.000 millones de pesos para las empresas y de 2.000 millones de pesos para las personas naturales, el monto deberá definirlo el superintendente cuando tome una decisión, que seguramente estará basada en los hallazgos del delegado, para lo que contará con un plazo de seis meses.
Por otra parte, el delegado recomendó archivar la investigación por conflicto de intereses que se lleva contra el Grupo Aval y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, porque la conducta caducó y debía ser investigada antes de 2014, máximo cinco años después de ocurridos los hechos.
