Delegado de la Superindustria recomienda sancionar a Odebrecht y a dos empresas del Grupo Aval

Informe Motivado de la Superindustria pide sancionar a Odebrecht. FOTO: Colprensa

OLGA PATRICIA RENDÓN MARULANDA | Publicado el 24 de julio de 2020

En el Informe Motivado presentado por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre el caso “Ruta del Sol”, el delegado Juan Pablo Herrera Saavedra recomendó “declarar responsable y sancionar” a dos filiales deOdebrecht en América Latina, a Corficolombiana, a Episol S.A. y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. por practicas anticompetitivas en las que incurrieron para la adjudicación del contrato de infraestructura vial.

De acuerdo con los hallazgos de la delegatura, incluidos en un documento de 350 páginas al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, sí hubo un sistema anticompetitivo en la adjudicación del proyecto Ruta del Sol 2, que incluyó un soborno y otros pagos de Odebreceht a dos firmas del Grupo Aval (Corficolombiana y Episol) y a sus funcionarios.

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Según las cuentas del delegado, fueron más de 20 millones de dólares que quedaron “enredados” en una trama de empresas fachada y obras que jamás se ejecutaron. A lo que hay que sumarle los 6,5 millones de dólares que recibió el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien sirvió para desentramar la armazón ilegal.

Así las cosas, Herrera Saavedra recomendó al superintendente Andrés Barreto González, sancionar a las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y a las personas naturales Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo Da Rocha, Manuel Ricardo Cabral, Yesid Agusto Arocha y José Elías Melo.

Además, al exviceministro Gabriel García Morales pidió declararlo responsable pero exonerarlo de la sanción “por su colaboración ocupando el primer y único lugar en el orden de delatores”.

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En estos casos la sanción máxima a aplicable es de 98.000 millones de pesos para las empresas y de 2.000 millones de pesos para las personas naturales, el monto deberá definirlo el superintendente cuando tome una decisión, que seguramente estará basada en los hallazgos del delegado, para lo que contará con un plazo de seis meses.

Por otra parte, el delegado recomendó archivar la investigación por conflicto de intereses que se lleva contra el Grupo Aval y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, porque la conducta caducó y debía ser investigada antes de 2014, máximo cinco años después de ocurridos los hechos.

Olga Patricia Rendón Marulanda

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Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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Cuyabra. Comunicadora social-periodista de la Universidad del Quindío. Redactora del área de Contenidos Digitales.

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La Gobernación argumentó que el proyecto fue presentado por el municipio de San José del Fragua, por lo que las deficiencias técnicas no son su responsabilidad y que la vigilancia sobre la ejecución correcta del contracto es de la interventoría. Por su parte, Invías defendió el trabajo del interventor señalando que cumplió con las funciones acordes a la ley y al mismo contrato. Para la Contraloría, “las entidades no desvirtúan la observación comunicada, por lo que se valida y confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por $2.347.931.275”. Según el ente de control, por el valor de dicho adelanto existiría un presunto daño patrimonial.

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El municipio de Ataco, Tolima, suscribió el contrato 218 del 6 de agosto de 2020 por 1.047 millones de pesos para mejorar sus vías terciarias en tres tramos distintos, con un periodo de seis meses de ejecución. Sin embargo, cuando solo faltaban veinte días para el plazo (10/2020-06/2021), el avance era de solo 8,9 %, y dos de los trabajos no habían comenzado. La Alcaldía municipal no le respondió las dudas en el plazo legal a la Contraloría y, cuando lo hizo –el 21 de agosto de 2021–, pidió una prórroga para hacerlo. Dijo que no lo cumplió por problemas en el software que le impidieron a sus funcionaros acceder a los correos enviados por la Contraloría. Sin embargo, como el cierre del análisis del ente de control era el 27 de ese mes, no le aceptaron la petición. Por eso, hay un hallazgo administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria.

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De la actuación de la Contraloría, dos de los hallazgos de tipo presuntamente penal corresponden al municipio de Ataco: la etapa precontractual y contractual del contrato 218 de 2020 para la mejora de vías terciarias, por un valor de $1.047 millones . La alerta judicial es porque no se han terminado las obras y en dos casos ni siquiera han empezado. Y por el contrato de obra 649 de 2019, de $4.665 millones para otra obra vial de Ataco, el ente de control solicitó abrir una indagación preliminar para determinar un presunto detrimento patrimonial por demoras. Aunque el plazo de ejecución era de seis meses, pasados 420 días las obras solo estaban en un 31,11 %. La Contraloría también pidió investigar el contrato 320 de 2018, por el avance mínimo en la construcción de 11 puentes en 8 municipios de Caquetá por 8.149 millones. Todos suman 13.907 millones de pesos.

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