Denuncian giro de $20.000 millones para ayudar a un aportante de Petro

La senadora Paloma Valencia señaló que hubo “corrupción” en el Departamento de Prosperidad Social por un contrato que se entregó para el giro de subsidios “Colombia Mayor” este año. Exige respuestas.

La senador Paloma Valencia critió la contratación que hizo la entidad dirigida por Cielo Rusinque a Supergiros, empresa que fue señalada en los “petrovideos” como aportante a la campaña de Petro . FOTO EL COLOMBIANO

Camilo Acosta Villada

11 de mayo de 2023

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Otra vez la promesa de cambio en las formas de gobernar y hacer política vuelve a quedar bajo sospecha por cuenta de las actuaciones del Gobierno, que llegó al poder con esas banderas.

Esta vez la entidad que está bajo la lupa por sus actuaciones –en apariencia antiéticas– es el Departamento de Prosperidad Social (DPS), una dependencia de la Casa de Nariño, la cual estaría involucrada en un presunto intercambio de favores políticos por financiación.

La denuncia la hizo la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y salpicó a la empresa Supergiros y a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según los documentos con los que la legisladora la sustentó, Supergiros se habría visto beneficiada por el Gobierno al entregársele un contrato –vía selección abreviada– de suma de $20.037’074.400 para hacer la entrega de las transferencias monetarias del programa “Colombia Mayor”.

Familias en Acción y el Agrario

La denuncia de la senadora –que no ha sido interpuesta ante alguna autoridad– pone la lupa sobre el contrato que Prosperidad Social le entregó, mediante contratación directa, al Banco Agrario (estatal) para entregar las transferencias del programa “Familias en Acción”, aun cuando había una mejor oferta.

La senadora dijo que esto se logró con la resolución 671 de abril del 2023, en la que se indicó que se debe “mejorar la posición negociadora del Estado Colombiano” y “ahorrarle costos a las entidades”. No obstante, según los documentos que mostró el Banco Agrario cobra una comisión por beneficiario de $3.200, mientas que, por ejemplo, el Banco Davivienda cobraba $2.576; además, solo tiene una cobertura “del 70 % en el país y con otras entidades financieras aliadas (privadas) alcanza el 96,5 %”.

De acuerdo con la denuncia, a Supergiros se le entregó el contrato de las transferencias de “Colombia Mayor” para “cumplir” con esos aportes, además, a costa de supuestamente “detener la entrega de los subsidios (...) demorando la entrega de los recursos. Enero y febrero no fueron entregados a tiempo”.

EL COLOMBIANO, de forma independiente, revisó el informe de evaluación para el proceso de esas entregas y pudo constatar que la contratación se trató de una orden de compra que tiene vigencia entre el 7 de marzo y el 31 de agosto de este año; así como que hubo dos oferentes más para el proceso: Matrix Giros y Servicios S.A.S (Sured) y Efectivo LTDA (Efecty).

Durante el proceso de selección no se tuvo en cuenta a Efecty porque excedía el presupuesto. Finalmente, ganó la propuesta de Supergiros sobre la de Sured por una calificación del 100 % sobre el 78,3 %, respectivamente.

Este diario también revisó las cuentas que la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, entregó al Consejo Nacional Electoral, pero encontró que en ninguno de los documentos esta consignado un aporte de esa compañía. Elementos que su suman al ruido que hay sobre los gastos de esa campaña, luego de que La Silla Vacía revelara que Supergiros fue el canal que usaron para hacer pagos a testigos electorales que no fueron reportados. El CNE investiga estos hechos.

Esta empresa –cuyo nombre completo es Red Empresarial de Servicios S.A.– salió a relucir en una serie de videos que se conocieron una semana antes de la segunda vuelta presidencial y que mostraban a varias figuras del Pacto Histórico planeando sus estrategias de campaña.

Roy Barreras, en ese entonces senador electo, dijo que esta compañía los ayudó en la primera vuelta y que después de que “le oyeron a Petro el tema de acabar con el monopolio financiero” también les ayudaría: “Esto va de la mano de un aporte, que puede ser de $500 millones o de $1.000 millones”.

¿Qué dice la ley de campañas?

Si bien Paloma Valencia señaló que “está prohibido el aporte por parte de empresas (personas jurídicas) a campañas presidenciales”, lo cierto es que la Ley 996 de 2005 en su totalidad es que las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden financiar hasta el 20 % de las campañas presidenciales.

Así mismo, la Ley 1474 de 2011 señala las inhabilidades para contratar de quienes financien campañas políticas. Allí establece que las personas naturales o jurídicas (empresas) no podrán celebrar contratos con las entidades públicas –que pertenezcan al sector en el que ejerce autoridad el candidato financiado– si aportaron recursos al 2 % al tope de gastos de la campaña.

Así pues, se tendría que demostrar que los aportes que habría hecho Supergiros a la campaña del presidente Petro fueron superiores a $549 millones en primera vuelta y a $256 millones en segunda vuelta.

Con todo y esto, vale la pena mencionar que Supergiros ha sido contratista del Estado en diez oportunidades, de las cuales ocho fueron con la alcaldía de Cartagena; las gobernaciones de Cesar, La Guajira, Chocó y Córdoba; así como con el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar. Los otros dos fueron con el Departamento de Prosperidad Social, en julio y en octubre de 2020, durante el gobierno de Iván Duque, miembro del partido de Paloma Valencia.

Al cierre de esta edición, este diario no recibió respuesta del DPS ni de Supergiros por estos hechos. Y si bien estos señalamientos tendrán que ser analizados por las autoridades, principalmente el Consejo Nacional Electoral, la suma de estos hechos termina en la pregunta que ronda al autodenominado Gobierno del cambio: ¿en qué se diferencian estas prácticas de las de gobiernos anteriores? Dice el adagio popular que el pez muere por la boca.