La candidata presidencial Paloma Valencia denunció presuntas irregularidades en la ejecución del llamado “Proyecto Fortaleza”, una iniciativa del Ministerio de Defensa para construir un complejo administrativo que concentraría las oficinas del sector defensa en Bogotá.
Según Valencia, el contrato fue suscrito el 2 de agosto de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, entre el Ministerio de Defensa y la Canadian Commercial Corporation (CCC), una agencia del gobierno de Canadá. El acuerdo ascendió a $1,5 billones y contemplaba que la obra estuviera terminada en julio de 2026.
De acuerdo con la denuncia, el 19 de diciembre de 2022, ya bajo la administración del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez, el contrato fue modificado. Ese movimiento aumentó el anticipo inicialmente pactado y añadió una cláusula que autorizó el giro de $195.375 millones a favor del contratista como “estimado de la remuneración” total del proyecto.
La congresista sostuvo que esos recursos habrían sido desembolsados antes del inicio de las obras y sin que el contratista hubiera entregado garantías. También indicó que el proyecto nunca arrancó y que, en febrero de 2026, el Ministerio de Defensa terminó unilateralmente el contrato y ordenó la devolución de los recursos.
En ese contexto, Revista Cambio reveló que el pasado 4 de mayo, los $195.375 millones ya habrían sido transferidos al contratista y no habrían sido reintegrados. Otros $465.537 millones entregados como anticipo permanecen en una fiducia.
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La candidata presidencial cuestionó la explicación entregada por el Ministerio de Defensa sobre el desembolso anticipado. Según dijo, la cartera le informó que la medida buscaba “mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto”.
“GRAVE DENUNCIA: El Ministerio de Defensa de Iván Velásquez modificó un contrato billonario y metió un MICO para entregarle $195.375 millones a un contratista por concepto de utilidad anticipada sin que hubiera colocado un solo ladrillo ni entregado una garantía”, escribió Valencia.
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En su denuncia, señaló que el contratista argumentó que, debido a la naturaleza del acuerdo entre gobiernos, no tenía capacidad de otorgar garantías y que contaba con el respaldo del Gobierno canadiense. Añadió que, aunque los recursos del proyecto debían permanecer protegidos en una fiducia, los $195.375 millones correspondientes a la remuneración anticipada ya habrían salido de ese mecanismo financiero.
Finalmente, la candidata cuestionó lo sucedido y preguntó: “¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio de Iván Velásquez metió este mico?”
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