Por irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y al exgobernador Alejandro Lyons.
De acuero con el Ministerio Público, no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo que les permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, “prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS”.
Además, señala el organismo de control, también fueron destituidos e inhabilitados los exsecretarios de Salud Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, quienes ordenaron los pagos de los servicios de salud a través de diversas resoluciones.
“El Ministerio Público encontró que los disciplinados explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. No obstante, el órgano de control advirtió que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso omitir la celebración de un contrato”, se lee en el comunicado emitido por la Procuraduría.
La Procuraduría General ordenó remitir copia de esta decisión a la Corte Constitucional y a la Contraloría General de la República, para que haga parte de las actuaciones que adelantan por hechos relacionados y aclaró que este fallo es de primera instancia, por lo que aún procede el recursos de apleación de los sancionados.
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