El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que se destinarán 5.421 millones de pesos para que la Corte Suprema de Justicia inicie la implementación de la doble instancia para los aforados.
Esta norma, consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2018, creó nueve nuevos despachos de magistrados (seis de la primera instancia y tres de instrucción) en la Corte Suprema de Justicia que se encargarán de garantizar el derecho a la impugnación de quienes son juzgados por este alto tribunal, al ostentar fuero. Estos son los congresistas, gobernadores, ministros y generales.
En pocas palabras, hace que un aforado condenado por la Corte Suprema de justicia tenga posibilidad de apelar la decisión.
Con estos recursos que designó el Gobierno Nacional, se pretende que se atiendan los gastos de personal y otros de tipo general.
La expectativa del Gobierno Nacional es que en menos de tres meses, las dos salas que llevarán a cabo estos procesos judiciales estén funcionando plenamente y con esto se pueda descongestionar en gran medida la cantidad de proceso que se acumulan en la Sala Plena del alto tribunal.
Según informó el Minhacienda, serían 460 los procesos que se llevan contra aforados, que están a la espera de avanzar en la Corte.
Así las cosas, esta nueva norma empezará a funcionar prontamente a pesar de los peros expresados desde la rama judicial.
Aunque la modificación fue promovida por la misma Corte, se pidió detener el trámite tras el escándalo del Cartel de la Toga, en el que altos magistrados de este tribunal habrían solicitado pagos a políticos a cambio de alterar sus procesos y evitarles condenas o penas de prisión.
Al estar los magistrados en tela de juicio y varios de ellos, procesados, no se dejó en claro cómo afectaría esta doble instancia las investigaciones que ya van en marcha.
De hecho, durante la audiencia contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, por supuestamente exigir 500 millones de pesos para elegir el estudio de un fallo de tutela contra Fidupetrol, se informó que este caso sería cobijado por esta reforma constitucional.
Por esta razón, aún se desconoce qué magistrados serían los encargados de revisar las eventuales condenas de antiguos togados vinculados en estos escándalos, así como de los congresistas.
Quedarán tres meses para que se despejen las dudas para estas dudas.
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