Con el fin del receso escolar, 9,9 millones de estudiantes reanudan desde hoy sus clases para completar el calendario académico al que le restan aproximadamente seis semanas, un tramo final que todas las niñas, niños y jóvenes del país deberían culminar desde sus salones de clase.
Así lo señaló la semana pasada el presidente Iván Duque, quien dijo que ya es hora de adoptar la presencialidad total para evitar que las inequidades sociales, que se han ampliado durante los últimos 19 meses, sigan aumentando. Además, reiteró que las garantías están dadas para que padres de familia, docentes y directivos permitan a sus hijos recuperar la interacción en los entornos escolares.
Y es que 2.867.000 estudiantes (2,4 millones de instituciones públicas) se fueron a receso sin ver realizado su anhelo de pisar nuevamente un aula, a pesar de que desde hace casi cuatro meses el Ministerio de Educación dio vía libre al regreso pleno a clases.
Para el Gobierno, la priorización de los docentes en el plan de inmunización desde junio, la apertura de la vacunación a población entre los 12 y los 17 años, la situación epidemiológica controlada en el territorio nacional y la entrega de recursos del Fome por $627.000 millones a las 96 entidades territoriales certificadas son razones suficientes para que la presencialidad total sea la realidad de prácticamente toda la población escolar del país. Pero lejos de eso, el 28,9% de los alumnos matriculados siguen viendo clases desde una pantalla, o ni siquiera eso.
¿Cómo va la región?
Ciertamente, el llamado de atención del Gobierno y los entes de control le aplica poco a Antioquia y Medellín que han sido abanderados en regreso oportuno de estudiantes a sus espacios.
En la capital antioqueña, el 98,72% de los estudiantes ya disfruta la presencialidad, cobertura que responde en buena medida a que el 96% de los docentes ya cuenta con su esquema de vacunación. Entre el personal restante, unos firmaron disentimiento para no aplicarse el biológico y otros esperan que se cumpla el periodo señalado tras haber tenido covid para poderse vacunar.
Además, en medio del plan de vacunación se han intervenido 92 instituciones públicas en las que se han aplicado 28.650 dosis a jóvenes entre los 12 y los 19 años. En 9 de las 16 comunas el avance de la inmunización en colegios marcha en un 56,6%, y si bien reconoce la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, que el receso frenó el buen ritmo que traían cree que no tendrán problema en retomarlo para garantizar que todos los estudiantes terminen el año con un proceso pleno.
En cuanto a la situación del departamento, todas las 724 instituciones educativas se encuentran en presencialidad, mientras que 4.296 sedes retornaron íntegramente y otras 95 se encuentran en alternancia. Solo el 2% sigue en virtualidad por casos excepcionales, como daños a sus sedes por lluvias y otras emergencias.
Respecto al avance de la vacunación en población escolar, la subsecretaria de salud pública de Antioquia, Natalia Montoya Palacio, dice que a partir de hoy los colegios tienen una semana de plazo para entregar un cronograma que deberá ejecutarse de manera articulada con las secretarías de los municipios para instalar puestos de vacunación en cada institución educativa.
La secretaria de Educación departamental, Alexandra Peláez, señala que el Ministerio de Educación ha reconocido a Antioquia como líder desde septiembre en el proceso de presencialidad plena que permitió el regreso irrestricto del 100% de las instituciones educativas, gracias a dos estrategias: la ejecución de todos los recursos asignados por el Fome y la tarea juiciosa de las secretarías municipales para ajustar oportunamente las directrices de bioseguridad de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad, lo que según la secretaria permitió que los estudiantes en zonas rurales y rurales dispersas volvieran a sus aulas hace ya varios meses.
¿Qué razones, entonces, hay detrás de las instituciones y sedes que aún no vuelven o en las que aún predomina la alternancia?
Pues bien, de acuerdo con docentes y directivos consultados de instituciones y sedes en Medellín, Área Metropolitana y varios municipios, una de las principales razones es que las adecuaciones para garantizar la bioseguridad en los espacios educativos fueron lentas y, en muchos casos, insuficientes.
El Gobierno Nacional destinó $20.000 millones de recursos Fome a Antioquia para protocolos de bioseguridad (lavamanos portátiles, disponibilidad de tapabocas y material educativo, etc.), y aunque varios educadores concuerdan con la afirmación de secretaria Peláez quien asegura que hoy las condiciones de bioseguridad son un tema subsanado, también advierten que la demora para cumplir con estos requerimientos creó una desconfianza entre las comunidades educativas que se tradujo en tiempo perdido para el retorno.
Pero, al margen de esto, Peláez reconoce que hay instituciones que definitivamente no tienen la capacidad para pasar de la alternancia a la presencialidad plena porque físicamente no tienen cómo garantizar, por ejemplo, el metro de distancia entre alumnos para toda actividad dentro de la jornada escolar, tal como lo definió en junio la Directiva 05 de Mineducación.
A todas estas, hay un hecho no menor, y es que aunque el mismo Duque instó al retorno definitivo, la directriz oficial vigente establece medidas como el distanciamiento mínimo, por lo que haría falta que el Gobierno actualice los lineamientos de acuerdo a la situación epidemiológica que atraviesa el país.
Hay otras razones más delicadas y que pasan inadvertidas ante la opinión pública, según advierte Germán Vélez, profesor de la Facultad de Educación de la U. de A. y coordinador de la Institución Pedro Luis Álvarez Correa. Para un número alto de estudiantes –dice– volver a sus colegios no será posible, al menos este año, porque debido a la difícil situación económica de muchas familias debieron mudarse a otras zonas y por facilidad decidieron mantener a sus hijos en el mismo colegio, aunque esto implicara terminar el resto del año desde un computador o celular.
Las deudas del resto del país
Aunque la situaciones descritas se replican en otras regiones, hay factores adicionales que motivaron un llamado y seguimiento por parte de la Contraloría General. Por ejemplo, en departamentos como Amazonas, que fue priorizado en destinación de recursos por el Gobierno Nacional para adecuación de instituciones, hasta el 30 de septiembre solo se había ejecutado el 15,3% de los recursos y, en consecuencia, la presencialidad no llega ni al 60%. Y eso que prácticamente toda la población del departamento está vacunada desde hace ya casi seis meses.
Hay casos que más delicados, la mayoría en la Costa Caribe (en departamentos del Cesar y Magdalena, y municipios como Sahagún, Lorica y Malambo), donde a pesar de que las administraciones locales dicen haber ejecutado el 90% de los recursos Fome apenas presentan tasas de presencialidad del 40%.
Pero independiente de las razones para no haber retornado aún a los colegios, varios de los impactos son iguales en todo el territorio. Nathalia Arango, investigadora de la Escuela de Estudios de Género de la Nacional, dice que el país ha subestimado los estragos socioeconómicos de casi dos años de anormalidad escolar. Los sacrificios de las familias, y particularmente de madres y cuidadoras para permanecer en casa la mitad de la semana mientras los menores están en alternancia ha restado, según la académica, posibilidades de recuperación económica en los hogares.
Esto, sin hablar de las familias que se han visto obligadas a dejar a sus hijos solos durante las horas de clase en virtualidad, mientras ambos padres están en sus trabajos.
El norte de las decisiones frente a la presencialidad deben ser los niños y jóvenes y la necesidad de mitigar y revertir los estragos que dejó la virtualidad en su formación.
Lo dice el profesor Vélez, quien recalca que este paso es necesario para recuperar por completo la interacción educativa y para garantizar el éxito, por ejemplo, de los procesos de nivelación, un desafío que enfrenta la mayoría las instituciones del país y que, según expone el educador, exige que el colegio indague y comprenda el contexto que cada alumno vivió en pandemia, y a partir de ahí tome las decisiones pedagógicas adecuadas para garantizar las competencias y habilidades de cada estudiante.
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