El llamado desesperado de un líder social de Tibú, Norte de Santander, alertó al país por la gravedad de sus denuncias. Según dijo, el Gobierno habría ordenado retirar las tropas que protegen a una pequeña comunidad de ese municipio conocida como Zona Dos, justo en zona fronteriza con Venezuela.
“Es muy grave que el gobierno le entregue los territorios a los grupos armados, que operan en esta zona, esto es un gran retroceso en materia de seguridad. La población civil ha quedado desprotegida al igual que la estación de policía que se encuentra ubicada en este corregimiento, nos han informado fuentes militares que la orden se aplicará para otras bases militares de Norte de Santander que se encuentran ubicadas en corredores estratégicos de la región”, dijo el defensor de Derechos Humanos Diego Villamizar en diálogo con W Radio.
Pese a que el hecho es muy delicado en sí mismo, cobra especial relevancia por los hechos más recientes de esa región en la que se han reportado constantes invasiones de la Fuerza Nacional Bolivariana.
Tal como lo reveló un artículo publicado por EL COLOMBIANO este domingo, los habitantes de Tibú registraron por lo menos 4 invasiones del Ejército venezolano en el mes de marzo.
Para dicho reportaje, este diario recopiló testimonios de líderes sociales y expertos de la región que coincidieron con que la Guardia Venezolana estaría aliada con el ELN y la disidencias de las Farc para traficar drogas por los corredores fronterizos.
Según una investigadora experta en conflicto armado que trabaja en terreno averiguando los patrones criminales de toda esa zona fronteriza, el interés de la Guardia es allanar el terreno para que esa guerrilla tenga el camino más fácil y combatir a otros grupos armados para que no se apoderen de esas rentas del narcotráfico de las que se lucran.
Pero, en medio de esas operaciones ilícitas, la Guardia no solo estaría violando la soberanía nacional, sino que afecta a la comunidad que vive en esas regiones y que es atemorizada frecuentemente para que no coopere con los demás grupos armados ni con las autoridades.
De hecho, testigos de la invasión más reciente aseguraron que la Guardia ingresó a una zona conocida como La Gabarra, en todo el límite con Venezuela, y quemaron casas y cultivos para amedrentar a campesinos humildes de la región.
Tras los hechos, el Ejército Nacional reconoció que en esa área rural conocida como Campo Dos sí hubo una situación delicada de orden público pero, según ellos, no se debió al retiro de sus tropas armadas, sino a la mala administración de un predio.
Tal como detalló la Segunda División del Ejército, en dicho predio operó antiguamente un batallón del Ejército. Sin embargo, el lote era privado y fue entregado a la empresa propietaria.
Meses después de que la tropa se fuera de allí, ilegales se habrían apoderado del lugar, “por lo que el Ejército, apenas conoció las denuncias, se hizo cargo de la situación y envió un batallón para verificar la situación”, dice el comunicado.
Por ahora, la situación de Tibú y de toda el área norte de la frontera está en crisis, pues grupos guerrilleros y narcoparamilitares –sumados a las presuntas acciones de la Guardia– se disputan el comercio de cocaína de ese municipio, catalogado por la ONU como el territorio con más hoja de coca sembrada de todo el país
