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Así se prepara camino para aspersión con glifosato

  • El Gobierno quiere volver a la fumigación con glifosato argumentando, entre otras cosas, que es más barata que la erradicación manual de cultivos de uso ilícito. FOTO Colprensa
    El Gobierno quiere volver a la fumigación con glifosato argumentando, entre otras cosas, que es más barata que la erradicación manual de cultivos de uso ilícito. FOTO Colprensa
Por Leonardo Botero Fernández | Publicado el 21 de diciembre de 2020

El Gobierno ya definió un plan. Está pendiente la licencia ambiental. El debate por esta fumigación sigue.

El debate por el uso de glifosato para la fumigación aérea se ha extendido por cinco años, desde que fue suspendido en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Y, a pesar de que ha habido nuevas decisiones en esta materia, el debate parece no tener un fin próximo.

Lo más reciente ocurrió esta semana con la publicación, por parte de la Corte Constitucional, de los lineamientos dispuestos para que se reanude la aspersión aérea de cultivos ilícitos.

En el boletín, que es de menos de dos páginas, se explica que antes de emitir una licencia ambiental se debe cumplir con varios requisitos. Para empezar, indica que se necesita de manera indispensable “una regulación imparcial que se encuentre enfocada a los riesgos de la salud, al igual que el diseño de un modelo de evaluación del riesgo continuo”.

También incluye la necesidad de la existencia de un “esquema de revisión automática de las decisiones que se toman respecto de la aspersión aérea con glifosato”. Además, exige que haya evidencia “objetiva y concluyente” sobre la ausencia de daño para la salud y el ambiente por el uso de este herbicida.

Pero los lineamientos de la Corte también exigen una priorización a la sustitución voluntaria, en vez de la erradicación forzada, “y, a su vez, establecer que esta solo procederá en caso de que fracase la primera”.

Una discusión pendiente

Ese pronunciamiento de la Corte no fue al azar. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) celebró este fin de semana la audiencia pública para la discusión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG).

Una discusión que se ha suspendido en dos ocasiones este año y que es el último requisito que se necesita para volver al glifosato, una aspiración defendida por el Ejecutivo en pleno.

Por ejemplo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que “los aviones están listos, los pilotos están listos, el programa de adquisición de glifosato está listo, es decir, operativamente estamos listos. ¿De qué de pende todo ahora? De que terminemos rápidamente con el cumplimiento de los requisitos definidos por la Corte”.

En ese sentido, en el Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea contempla se contempla, por ejemplo, fumigar con el químico en 104 municipios de 14 departamentos.

Sin embargo, el camino sigue sin estar resuelto. Más de 30 organizaciones sociales, campesinas y políticas –incluyendo algunas como el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Coordinador Nacional Agrario y la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM)–, enviaron una carta pidiendo que se cancele una vez más el debate.

Entre otras cosas, indican que “no se ha hecho el estudio epidemiológico de las zonas que se pretenden asperjar, ni la línea de base y políticas preventivas, de monitoreo y de mitigación de impactos, tal como ordena la ley”.

También porque “se convoca esta audiencia ambiental con las comunidades que se verán afectadas sin que la Anla haya tomado la decisión de fondo y/o aprobado el ajustado PMAG y, si lo ha hecho, no es claro con base en qué estudios aprobó dicho ajuste”.

En ese sentido, pidieron que se entregue información sobre las fuentes de agua en las zonas que se fumigarían, así como que se realicen los estudios de impacto en las especies acuáticas, aves e insectos. Y que “se reseñen detalladamente y con precisión las áreas protegidas, reservas de la sociedad civil, corredores de conservación, entre otras, a fin de que no corran el riesgo de quedar bajo una lluvia de glifosato”.

Adicional a esto, en el Congreso hay radicado un proyecto de ley que busca prohibir completamente la fumigación con glifosato, lo que frenaría definitivamente las aspiraciones del Gobierno Nacional.

No obstante, esta discusión legislativa está lejos de resolverse, pues aún no ha pasado el primer debate. Y, además, porque cuenta con oposición. Por ejemplo, el senador Alejandro Corrales, del Centro Democrático, defiende que “el glifosato se usa en todo el mundo agrícola, no es cierto que la aspersión aérea sea la más costosa, es la más barata”.

El debate previo

Desde finales de 2019, el Gobierno ha buscado volver a la fumigación, a pesar de que en 2017 la Corte Constitucional lo prohibió argumentando los efectos del herbicida en la salud humana.

“Existen elementos para afirmar que el glifosato es una sustancia tóxica que, dependiendo del nivel de explosión, puede causar cáncer u otras afectaciones a células humanas”, señaló en ese momento el Alto Tribunal, a través de la sentencia T-236 de ese año.

Sin embargo, en diciembre del año pasado, el gobierno del presidente Iván Duque, a través de su Ministerio de Justicia, publicó un decreto en el que se daba cumplimiento a los requerimientos, tanto de esa sentencia como del auto 387 de 2019 –también de la Corte Constitucional–.

Así las cosas, el regreso de la fumigación con glifosato a los cultivos de uso ilícito, aunque cuenta con distintos apoyos, todavía está lejos de ser una realidad. Es una disputa que, de lado y lado, cuenta con dolientes que están lejos de llegar a un acuerdo

104
municipios contempla el plan de fumigación con glifosato del Gobierno Nacional.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS El efecto

El debate alrededor del glifosato es, principalmente, un asunto de salud. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, en 2015 lo clasificó como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Fue con ese argumento que el gobierno de Juan Manuel Santos resolvió suspender su uso. Sin embargo, sobre esto, no hay consenso. En febrero de este año, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos consideró que “si se lo usa en forma debida, no es cancerígeno ni supone otros riesgos para la salud de las personas expuestas a él.


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Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

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