Con un flujo migratorio de venezolanos que aún no ha finalizado, el presidente Iván Duque aseguró ayer que el impacto fiscal de la crisis (costo para el país) “puede ser del orden de 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB. Obviamente queremos mirar cómo eso se ve reflejado en salud, en educación, en infraestructura y muchos bienes públicos”
Tomando en cuenta el consolidado de 2017, la cifra anunciada por el presidente llega a los 2,75 billones de pesos.
La paradoja es que esta cifra es muy similar al impacto del Acuerdo de Paz en el PIB, que es de 0.4 %, en un horizonte de 5 años, según los cálculos del Índice del Conflicto en Colombia (ICOC), a inicios de 2017. Este resultado, en este caso, contrario al tema de la migración venezolana, es positivo, pues se refiere a lo que aumentaría presupuestalmente Colombia.
El anuncio lo hizo el mandatario a días de conocerse cómo quedará el documento Conpes que establecerá los rubros y las rutas de atención institucional para la migración desde el país vecino.
Aún así, las cifras pueden no ser definitivas en razón a que el fenómeno no ha concluido y, por ello, su impacto económico y social aún no podría ser medido íntegramente.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, aseguró que “es muy complejo hacer un balance con todos los sectores involucrados y por ello hay que ser cuidadosos en dar el mensaje que la migración venezolana son solo costos”.
Agregó que la dificultad en elaborar un registro de cuánto aportan los venezolanos al sistema económico colombiano reside en que muchos de ellos han tenido que conminar sus esfuerzos con capital colombiano, para poder integrarse en el sistema. “Hay franquicias que son venezolanas, pero que aparecen en el mercado con nombres colombianos”.
El impacto laboral también tiene una enorme dificultad por la informalidad.
“La ola migratoria está generando una presión de gasto público para resolver necesidades urgentes”, afirmó Ramón Javier Mesa Callejas, docente de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quien agregó que “es preocupante que la mano de obra venezolana desplace al colombiano, porque eso está motivando una mayor informalidad al comercio colombiano”, al resaltar que al trabajador venezolano no se le estaría pagando seguridad social o salud.
En febrero, la Cancillería informó que al menos 600 empresas colombianas fueron sancionadas por contratar irregularmente a venezolanos.
Eso “tiene efectos a mediano y largo plazo, por una menor tributación. Eso es delicado para una economía como la colombiana”, concluyó.
Por otro lado, Colombia contará con un músculo financiero en la ayuda de Estados Unidos, que en julio pasado anunció que otorgará seis millones de dólares adicionales a los 26 millones que ya ofreció a Colombia para atender a los miles de venezolanos que ingresan a su territorio huyendo de la crisis.
Esto habla de unos 94.784 millones de pesos para atender a una población que habría superado ya al millón de personas, pero que de ellos, el 44% son irregulares .
