El laberinto del magistrado Pretelt

El magistrado es investigado por terrenos que pertenecerían a campesinos despojados. También estaría involucrado en un caso por tráfico de influencias.

El magistrado es investigado por terrenos que pertenecerían a campesinos despojados. También estaría involucrado en un caso por tráfico de influencias. FOTO COLPRENSA

Esta ha sido una de las semanas más agitadas que ha tenido que vivir el magistrado y expresidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Una serie de ‘coletazos’ inesperados ha generado su caso. A los señalamientos en su contra por pedir, supuestamente, $500 millones para favorecer a la firma Fidupetrol en un proceso que adelantaba la Corte, se sumó una investigación de la Unidad de Restitución de Tierras por un predio de 243 hectáreas que Pretelt posee en San Pedro de Urabá. Este terreno, supuestamente, le pertenecería a campesinos que fueron despojados por las autodefensas.

El director de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, ha expresado que se están cotejando los datos de restitución de tierras en el Urabá antioqueño. Y advirtió que si los predios solicitados por la población desplazada coinciden con la propiedad del magistrado deberá ser investigado por los jueces especializados. Este proceso no será sencillo. Según la entidad, en la zona existen cerca de 130 reclamaciones de tierras.

Esta no fue la única novedad en donde apareció Pretelt como protagonista. El viernes pasado, la Fiscalía General declaró insubsistente a la directora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño Ganem, quien es señalada de nombrar funcionarios por recomendación de Pretelt. Londoño Ganem, quien llevaba 24 meses en el cargo, recibió una visita de un grupo de funcionarios del CTI , quienes confiscaron computadores para revisar la contratación que ha hecho como fiscal.

Escobar, el nuevo implicado

En medio de la controversia que ha causado el escándalo del presunto soborno del magistrado Pretelt, otro expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, resultó salpicado por las declaraciones de los implicados.

Según el abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, el exmagistrado Escobar sería el presunto intermediario para pagar el dinero del mencionado soborno. De hecho, el mismo Escobar reconoció que había recibido $200 millones de Fidupetrol como parte de la remuneración por la asesoría jurídica que le había prestado a esa empresa en el caso de la tutela en la Corte Constitucional.

Sin embargo, durante la diligencia de interrogatorio adelantada en la Fiscalía, Pacheco, según trascendió, cambió la versión inicial al afirmar que los $500 millones no hacían parte del soborno sino de un pago que había que hacerle a un importante abogado, una vez la tutela resultó seleccionada en el alto tribunal. Además, mencionó unos regalos que habría que darle a la familia del magistrado Mauricio González para que este accediera a fallar a favor de la tutela.

Escobar, por su parte, ha insistido en su inocencia, pero hay dos hechos que comprometen su credibilidad. El primero es haberle negado a la periodista María Isabel Rueda que fue abogado de Fidupetrol. Esto sucedió en una entrevista que Rueda les hizo a Pretelt y a Escobar en El Tiempo.

Por otro lado, se le cuestiona a Escobar que haya mencionado el tema de Fidupetrol a los magistrados Pretelt y González durante un almuerzo siendo abogado de esa fiduciaria. Aunque ninguno de los asistentes a ese encuentro ha confirmado si allí se habló concretamente de un soborno, Escobar indicó que sí le hizo “un comentario aislado” a González sobre la tutela, la solicitud de las medidas cautelares y la difícil situación económica que atravesaba la empresa como consecuencia del fallo condenatorio de la Corte.

Más allá de que se compruebe la existencia del soborno hay un hecho innegable y es que los magistrados por el hecho de presuntamente haberse reunido, bien sea con Pacheco o con Escobar, violaron el reglamento de la Corte que en su artículo 84 les prohibe “a los magistrados conceder audiencias particulares o privadas sobre negocios que cursan en la Corte”.

Polémica por grabación

Otra de las revelaciones de esta semana fue un audio de 50 minutos entre el expresidente de la Corte Luis Ernesto Vargas y el abogado Víctor Pacheco. La Fiscalía y la Comisión de Acusaciones ya lo tienen en su poder. Grabado el 3 de febrero, el audio reproduce el diálogo entre ambos personajes, quienes mencionan el supuesto soborno que solicitó Pretelt para favorecer a Fidupetrol.

Según la versión de Pacheco registrada en la grabación, Pretelt habría propuesto un soborno para que el fallo favoreciera Fidupetrol: “Eso (la tutela) le tocó a (Mauricio) González, pero él no recibe plata, eso se lo podemos dar a Marcela Monroy (exesposa de González) y al hijo”, habría dicho el magistrado. La señora Monroy anunció que tomará “acciones legales inmediatas para defender mi nombre de quien pretenda mentir para enlodarme”.

A través de un comunicado, Pretelt respondió que “el magistrado Vargas Silva incurrió en un delito realizando una grabación clandestina, ilegal y adulterada que utilizó en su beneficio para enturbiar mi elección como Presidente de la Corte”. Con estas palabras, Pretelt ha comenzado a defenderse de las acusaciones en su contra. .