El Gobierno Nacional prolongó el servicio militar de 22.075 soldados regulares, para tener el pie de fuerza suficiente para responder a los desafíos de seguridad de 5.537 puestos de votación en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de Colombia.
El Comando General de las Fuerzas Militares informó este lunes que esos jóvenes se dividen en 21.000 soldados del Ejército Nacional y 1.075 infantes de marina de la Armada, “fortaleciendo así la cobertura y el nivel de alistamiento operacional durante el proceso electoral”, anunció la Institución.
En total habrá 126.000 militares, desplegados en 4.200 pelotones. La asignación presupuestal para esa operación, en el marco del llamado Plan Democracia, es de $150.000 millones de pesos.
“Las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas para esta primera etapa del proceso electoral, que incluye las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 8 de marzo, el 31 de mayo y el 21 de junio del presente año, de llevarse esta última fecha a cabo”, agregó en su comunicado.
Y destacó que “para el cumplimiento de esta misión, se han dispuesto capacidades militares diferenciales, que incluyen medios terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales, así como el empleo de vehículos blindados, aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS), medios fluviales y navales, además de un robusto despliegue de capacidades de inteligencia, que permite anticipar riesgos y neutralizar amenazas.
El escenario para estas elecciones es peor que el de hace cuatro años, pues durante el último año del mandato de Gustavo Petro aumentaron en tamaño los principales grupos armados ilegales, sumando cerca de 27.000 criminales en sus filas.
A esto se suma una grave crisis de orden público en Norte de Santander, La Guajira, Cauca, Valle del Cauca, el norte de Antioquia y el sur de Chocó, Bolívar y Córdoba.
Según un reciente reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), en promedio 1 de cada 10 municipios de Colombia está en riesgo electoral, es decir, 170. Esto implica que ese riesgo aumentó un 29,7% en el territorio nacional, comparado con las votaciones de 2022.
Dicho riesgo, de acuerdo con la MOE, implica la posibilidad latente de violencia contra los votantes y jurados, fraude y control social de parte de las estructuras criminales.
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