A once días de las elecciones legislativas, dos alertas ponen el foco sobre la contienda. Por un lado, El Espectador reveló que al menos 21 candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara mantienen procesos formales ante la justicia por delitos que van desde corrupción y compra de votos hasta desaparición forzada.
A ello se sumó la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) amplió el panorama y documentó 195 candidaturas cuestionadas al Congreso: 78 al Senado, 111 a la Cámara y 6 a curules especiales de paz, afro e indígenas. Del total identificado por Pares, 49 candidatas son mujeres (25,12 %) y 146 hombres (74,87 %).
Las aspiraciones cuestionadas están distribuidas en 28 departamentos y en Bogotá, lo que evidencia la dimensión nacional del fenómeno y el desafío que representa para la democracia la presencia de estructuras y liderazgos bajo cuestionamiento.
Ambos señalamientos públicos abarcan investigaciones en curso en órganos judiciales y de control; vínculos con clanes políticos o maquinarias asociadas a prácticas de corrupción y cooptación del Estado; y conexiones con escándalos históricos como la parapolítica o el caso Odebrecht, que tuvo incidencia en las campañas presidenciales de 2014.
Según Pares, el número de candidatos cuestionados ha aumentado frente a los reportes realizados desde 2014. Cuatro de cada diez aspirantes pertenecen a clanes o estructuras tradicionales de poder, lo que refleja una mayor concentración política.
Además, persiste la llamada “puerta giratoria”: familiares de mandatarios y dirigentes buscan llegar al Congreso, reabriendo el debate sobre la equidad en la competencia electoral.
Aunque todos los candidatos están amparados por la presunción de inocencia, los cuestionamientos sobre sus trayectorias generan dudas sobre su idoneidad para ejercer cargos públicos.
La UNGRD, el escándalo ancla
En este escenario, uno de los focos de mayor controversia es el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salpica a varios legisladores que buscan la reelección y que hoy los tienen bajo un proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado.
La Corte Suprema de Justicia investiga a los representantes Karen Manrique, Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur por el presunto direccionamiento de contratos a cambio de apoyo político, bajo el cargo de cohecho impropio. En la misma línea, las senadoras Martha Peralta (MAIS) y Berenice Bedoya (ASI) están bajo la lupa por presuntas reuniones con el exdirector de la entidad, Olmedo López, para favorecer iniciativas gubernamentales mediante contratos.
Por su parte, el senador Julio Elías Chagüi es señalado de coordinar operaciones de contratación en oficinas de la Presidencia, aunque asegura que solo realizó una "simple gestión".
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Cuestionamientos en las principales fuerzas políticas
De acuerdo con Pares, los cuatro partidos con mayor número de candidatos cuestionados al Senado y la Cámara son el Partido Liberal Colombiano (33 casos), el Partido Conservador Colombiano (32), el Partido de la U (29) y Cambio Radical (24).
Solo el Partido Liberal concentra el 16,92 % del total de aspirantes señalados, y en conjunto estas cuatro colectividades reúnen el 60,5 % de todas las candidaturas cuestionadas identificadas en el seguimiento.
El Espectador reseña, por ejemplo, a David Racero, quien enfrenta una investigación por concusión tras denuncias de que habría obligado a su equipo de trabajo a entregarle parte de sus salarios.
Lo revelado por ese diario y Pares también incluyó a Alex Flórez, investigado por lavado de activos y concusión, presuntamente por exigir dinero a contratistas para su campaña. Asimismo, Pedro Suárez Vacca enfrenta un juicio por prevaricato relacionado con una decisión judicial ilegal cuando era juez.
Por el Centro Democrático figura José Vicente Carreño con dos procesos activos: uno por tráfico de influencias en un contrato de seguros policiales y otro, de mayor gravedad, por su presunta participación en una desaparición forzada en 2003.
Por otro lado, Yénica Acosta es señalada de presunto peculado por supuestamente mantener a una "empleada fantasma" en su equipo que cobraba sin trabajar.
Cambio Radical presenta casos críticos como el de Carlos Alberto Cuenca, quien busca la reelección pese a tener una condena de siete años y seis meses de cárcel por compra de votos, la cual se encuentra en apelación.
Otros candidatos como Didier Lobo (enriquecimiento ilícito), Néstor Leonardo Rico (cohecho y prevaricato) y Edwin Ballesteros (concierto para delinquir) también enfrentan procesos vigentes. Otros casos destacados La lista se extiende a figuras como Wilmer Carrillo (Partido de la U), quien acumula tres procesos por delitos contra la administración pública.
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Otro caso que pesa sobre Didier Lobo tiene que ver con la Fiscalía, que abrió indagación preliminar contra los congresistas el candidato de Cambio Radical y Ape Cuello (Partido Conservador) tras la circulación de imágenes de un carrotanque que distribuía agua en Aguachica (Cesar) con publicidad política de ambos.
El ente acusador inició una noticia criminal por el presunto delito de corrupción al sufragante y asignó el caso a la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional Cesar, mientras la Policía Judicial adelanta la recolección de pruebas para establecer si la entrega del recurso en medio de la contingencia fue utilizada con fines electorales.
Miguel Polo Polo y otros
En la circunscripción afro, Miguel Polo Polo enfrenta juicios por hostigamiento agravado y calumnia debido a mensajes de odio y señalamientos contra opositores.
En el Partido Liberal, Richard Aguilar es procesado por irregularidades en contratos durante su gobernación en Santander, mientras que el conservador David Barguil es investigado por presuntas coimas a cambio de gestionar recursos viales.
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A pesar de la gravedad de los señalamientos, todos los implicados han manifestado su presunción de inocencia y sostienen que los procesos forman parte del "ruido político" propio de la campaña. Mientras la justicia avanza, estos 21 candidatos continúan recorriendo plazas y buscando el respaldo de los electores para asegurar su lugar en el próximo Legislativo.
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