Cajamarca pasará a la historia de Colombia como el primer municipio que, a través de una consulta popular, le dijo no a los proyectos mineros en su territorio. Este municipio tolimense, con apenas 22 mil habitantes, llevó un proceso jurídico que tardó tres años. Después del aval del Tribunal Administrativo del Tolima, la consulta popular se llevó a cabo.
Después de las 4: 30 p.m., con el 100% de las mesas escrutadas, la Registraduría Nacional entregó los resultados de la consulta, que contenía una sola pregunta: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.
Los resultados fueron contundentes: el no ganó con el 97% de los votos, un total de 6.165, mientras que por el sí votaron 76 personas.
Desde un comienzo, la consulta fue criticada por frenar indirectamente el proyecto de La Colosa, de Anglo Gold Ashanti. La preocupación reside, por un lado, en que La Colosa tiene un depósito cercano a los 10.000 millones de dólares. Por otro, está el tema laboral: La Colosa genera 1.100 empleos directos y más de 5 mil indirectos.
La empresa ha sugerido que en este caso se podría generar un caso de “inseguridad jurídica”, manifestación que ha sido rechazada por Dejusticia, organización que ha acompañado a los promotores de la consulta: “ la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos”.
Aunque la empresa no ha anunciado recursos jurídicos para anular la consulta popular, otras empresas de minería están preocupadas, pues con el caso de Cajamarca se podría generar una “bola de nieve”, es decir, otros municipios podrían acudir a la consulta con el fin de prohibir la minería.
En mayo de 2016, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas, el cual impedía que alcaldes o gobernadores excluyeran títulos mineros de su jurisdicción. La Asociación Colombiana de Minería manifestó su “preocupación por la inestabilidad jurídica que se está presentando en el país y la cual afecta directamente la inversión y el futuro de las operaciones mineras”..
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