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DANIELA OSORIO ZULUAGA | Publicado
El tras bambalinas de la formulación del proyecto de Ley con el que el Gobierno Petro pretende desmantelar a más de 20.000 hombres armados terminó este miércoles con una llamada entre el fiscal general y el ministro de Justicia.
Horas antes de que el Gobierno revelará el documento de 22 páginas, el ministro Néstor Osuna recibió la orden de una consulta final con el fiscal Francisco Barbosa con un único objetivo: evitar más choques de poderes y calmar las tensiones que se habían generado entre Barbosa y el presidente por los puntos más polémicos de esa reforma .
Meses antes, y en secreto, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sostuvo múltiples reuniones con jefes de bandas narcoparamilitares que fueron guiando un camino en el documento cambió de nombre tres veces.
El proyecto buscó complacer a las instituciones del Estado, que pedían sometimiento estricto, y a las narcobandas, que exigían acogimiento y negociación. Finalmente, el proyecto fue presentado como “Ley de desmantelamiento” e incluyó un término legal que aparece en los acuerdos de La Habana y en la actual Ley de Sometimiento, la 1908 de 2018: sujeción, una palabra que en la práctica es más un sinónimo del sometimiento.
El detrás de cámaras
Tras seis meses del máximo hermetismo político y un trabajo en el que participaron los alfiles más cercanos al Presidente, el proyecto quedó listo para la cita clave que le dio el aval para salir a la luz pública: una reunión privada entre el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, que se llevó a cabo este martes y que duró unas cuatro horas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde de ese día.
Según fuentes del Gobierno, en dicho encuentro –del que no supieron los medios de comunicación y la opinión pública– Petro y Osuna revisaron detalladamente el documento de 22 páginas e hicieron pequeñas modificaciones que no afectaron mucho el producto final.
Con eso listo, MinJusticia ajustó el proyecto con su equipo de trabajo y llamó al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en un intento por calmar las tensiones y contar con su respaldo antes de presentarlo a la prensa.
De esa corta llamada –el miércoles–, el gabinete supo que Barbosa respondió en términos cordiales y no se apresuró a rechazar o aprobar de tajo la reforma. Dijo que la estudiaría detalladamente y que daría un concepto más amplio en el Consejo de Política Criminal, un órgano del que hace parte la Fiscalía y que es el filtro final para que la reforma por fin pase al Congreso.
Pero, además de esas reuniones del más alto perfil político, hubo otros movimientos que ayudaron a allanar el camino para que el proyecto presentara menos fricción entre el Legislativo, las narcobandas y la opinión pública.
Dentro de esas tareas de campo, este diario conoció, por ejemplo, que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, organizó dos reuniones en septiembre de 2022 en las que citó a varios “facilitadores de paz” y abogados de grupos ilegales al Hotel Dann Carlton de Medellín.
Allí, Rueda les expuso los puntos claves de las reformas que tocarían a los extraditables y a los grupos narcoparamilitares del Valle de Aburrá que hasta ese momento habían anunciado su intención de sumarse a la paz total.
Eran grupos de unas 13 personas. “Nos dijo que la reunión y los temas que ahí tratábamos eran ultrasecretos y de carácter confidencial, pero un par de días después se filtró información a la prensa de los artículos que conocimos ese mismo día (...) Danilo se dio cuenta de que eso no le estaba funcionando porque los jefes no querían una Ley más de sometimiento y desistió. No nos volvieron a citar a ninguna otra cosa después de eso”, reveló uno de los asistentes.
Como ese, el alto comisionado participó en por lo menos 10 encuentros más con los líderes de grupos armados de toda clase: guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y de delincuencia común.
Pese a que “no les pidió la opinión sobre lo que el Gobierno les está ofreciendo”, como aseguró Osuna, Rueda sí se encargó de recoger las percepciones de los grupos armados y de tantear el terreno para estimar qué tanta acogida tendrían.
Aún así, todo parece indicar que ese pulso no le quedó bien hecho a Rueda. Si la intención era que la mayoría de los narcos vieran en este proyecto una salida viable del conflicto, las cuentas se quedaron a medias porque otra cosa es lo que piensan quienes aún siguen en armas y quienes están en los pabellones de las principales cárceles del país.
Según el abogado de la banda Los Pachelly, Alex Alberto Morales, sus representados no se vincularían a un proyecto como el que presentó el petrismo porque –palabras más, palabras menos– “es más de lo mismo”. Según él, la reforma es similar a la Ley 1908 que hoy está vigente y que, como han reconocido los últimos gobiernos, no ha servido mucho para desmantelar bandas porque no ofrece beneficios amplios a cambio de dejar las armas y las rentas ilegales.
Y en eso concuerdan la mesa de paz de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, quienes aseguraron que el documento “no llena las expectativas de una paz verdadera y duradera como lo quiere hacer ver el Gobierno nacional”, por lo que no se unirían.
Así las cosas, el proyecto podría convocar a muchas menos de las 20.000 personas que espera el Gobierno, aunque el representante Alirio Uribe –cercano al petrismo y al proyecto de desmantelamiento– cree que en el Congreso se podrían dar modificaciones interesantes que moverían las balanzas. Por ahora, el proyecto deberá pasar el examen del Consejo de Política Criminal y prepararse para su prueba más dura: un Capitolio que ha sido crítico con los “intentos de impunidad”, pero que ha apoyado la paz total de Petro
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.
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