Sigue la polémica suscitada en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá por la financiación de los recursos necesarios para garantizar la llegada de la minga indígena el próximo lunes a la capital del país.
Al cruce de reacciones que se presentó ayer entre la alcaldesa Claudia López y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano, se sumaron los cuestionamientos que hizo posteriormente el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
El funcionario distrital explicó que el Ministerio del Interior no tenía la voluntad para financiar los recursos necesarios para garantizar el desplazamiento de las comunidades indígenas a la capital del país, con el apoyo de la logística y los baños.
“Lamentablemente el Ministerio del Interior dio su negativa a financiar o invertir siquiera en un baño. Nos sorprende porque el Decreto 2340 de 2015, sobre las competencias y obligaciones que tiene el Ministerio del Interior con estas comunidades, es bastante claro que son asuntos de su competencia”, señaló Gómez.
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El secretario también manifestó que “si no están dispuestos a pagar un baño, no me puedo imaginar cómo estarán transcurriendo esas mesas de negociación y qué les estarán respondiendo a los pueblos indígenas sobre otras de sus necesidades”.
Gómez explicó que la llegada de la minga indígena a Bogotá se da por “la falta de voluntad de diálogo del Gobierno nacional”, que impidió que se llegarán a acuerdos en el territorio, por lo que ahora viajarán hasta la capital del país a buscar un encuentro con el presidente Iván Duque.
“Desde el Gobierno distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá siempre estaremos dispuestos a garantizar condiciones dignas para cualquier colombiano que busque visitar la capital del país para ejercer sus derechos”, concluyó el funcionario.
“Que digan si quieren volverse un movimiento político”
Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, leyó la llegada de los indígenas a Bogotá como un asunto electoral e instó a la minga a decirle al país con claridad si quieren convertirse en un partido político.
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“Lo que hay que decir, es que la propia minga se ha caracterizado a sí misma como una minga política, y en ese sentido cuando se entra en el terreno de lo político debe ser esa minga responsable frente a lo que está diciendo”, precisó Ceballos.
El alto comisionado afirmó que si la minga quiere constituirse en un partido debe aplicar y jugar con las reglas con las que otros partidos políticos están jugando, porque de lo contrario se estaría legitimando una vía alterna a la que establece la democracia y no cumpliría con la Constitución.
“En nuestro país existen partidos políticos que asumen la responsabilidad de sus posiciones, también existen movimientos políticos que han sido creados de acuerdo con las normas, pero el escenario aquí es el Congreso de la República”, dijo.
Ceballos ratificó que el Gobierno nacional respeta la protesta pacífica y está abierto al diálogo, pero insistió en que deben cumplirse las normas que obligan a preservar la vida y la salud.
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“Hay que recordar que también estamos en un momento necesario para la reactivación económica y por tanto instamos a los organizadores de la minga para que respeten ese espacio de reactivación, para que respeten las vías y el derecho a la movilidad respetando a su vez a la salud de todos los colombianos”.
Agregó que hay que llamar a la prudencia y a la sensatez e insistir en que cualquier reunión que se haga no puede ser superior a 50 personas. “De serlo, el propio Gobierno estaría legitimando una violación a la propia emergencia sanitaria decretada por la pandemia”, indicó Miguel Ceballos.
El comisionado también destacó la importancia y el papel de los mandatarios locales para que de forma articulada con el Gobierno nacional y las autoridades garanticen la tranquilidad en las ciudades por donde pase la minga.
“Los organizadores de la minga saben cuál es su responsabilidad, ellos han dado su palabra que no se van a presentar desmanes y que se va a evitar al máximo la posible infiltración de grupos que quieran generar desordenes y problemas entre los ciudadanos” .
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